En su iniciativa, Briz alude a las relaciones Zaragoza-Arcos de Jalón, Zaragoza-Jaca-Canfranc, Zaragoza-Caspe, Zaragoza-Monzón-Lleida y Zaragoza-Teruel-Valencia "y, en particular, todas las circulaciones de los siguientes servicios: Zaragoza-Lleida, Zaragoza-Teruel-Caudiel, Caspe-Fayón, Zaragoza-Calatayud-Ariza y Huesca-Jaca".

Ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha resaltado la oportunidad de aprobar esta iniciativa ahora, tras la moción de censura y la constitución del nuevo Gobierno de España de Pedro Sánchez. "Quizá tenga todavía más sentido", ha opinado, considerando que el nuevo ministro de Fomento, José Luis Ábalos, "debe tener una mayor sensibilidad con las infraestructuras ferroviarias" por la importancia del ferrocarril de media distancia en su comunidad, la valenciana.

Ha señalado que el problema arrancó en diciembre de 2012, cuando el Gobierno de España planteó un recorte del servicio público ferroviario relacionado con "la privatización" del mismo, de forma que la Comunidad Autónoma tendría que pagar por los servicios que no fueran obligatorios a través de un contrato, que el consejero de Vertebración del Territorio, José Luis Soro (CHA), se negó a prorrogar, abriendo una negociación por el precio "muy alto" para una calidad "muy baja" y por ser "siempre" el Gobierno regional el "pagafantas".

Tras una moratoria en 2016 y 2017 a la espera de un acuerdo definitivo, el 15 de diciembre del año pasado el Gobierno de España anunció un nuevo acuerdo, el mismo de 2014. Al respecto, Briz ha planteado que las relaciones mencionadas se incluyan como obligaciones de servicio público dentro de lo que el Gobierno regional está pagando.