Según el escrito de acusación al que ha tenido acceso Europa Press, la Fiscalía considera a D.R.G. y H.M.R.R. son responsables de un delito de administración desleal por lo que, además de solicitar que indemnicen a Grupo Andamarc con 2 millones de euros, piden 3 años de prisión para cada uno de ellos.

Los hechos que se enjuiciarán la próxima semana arrancaron en junio de 2010 cuando se constituye el Grupo Andamarc para construir en una primera fase una residencia de mayores y en una segunda un centro de día con discapacidad, y se nombra a los acusados -que tenían una empresa en común, además de otra cada uno de ellos- administradores con la condición de no cobrar nada por este cargo.

Cuando se constituye la sociedad los acusados poseían el 22,71% de las acciones cada uno de ellos, pero fueron destituidos en octubre de 2013 y ocupó el cargo otro de los administradores, hoy querellante junto a quien poseía el 51,51% de las acciones del grupo.

No obstante, mientras los acusados fueron administradores cobraron facturas que oscilaban entre 3.500 y 3.600 euros y que, en total, sumaban más de 120.000 euros que justificaron como gastos de administración y gestión.

Asimismo, contrataron la primera fase de construcción de la residencia por un precio cerrado de 7,1 millones de euros con una empresa que, a su vez, los subcontrató en parte con las empresas de los acusados. En concreto adjudicó el equipamiento técnico de cocina y lavandería a la empresa de D.G.R. por 832.000 euros si bien solo invirtió 192.000 euros y obtuvo un sobrecoste de 639.700 euros.

A la empresa que los acusados tenían en común les subcontrató el equipamiento genérico de la residencia por 984.000 euros, si bien solo pagaron 425.900 y eso supuso un sobrecoste injustificado de 558.000 euros.

CENTRO DE DIA

Por otra parte, para la construcción de la segunda fase de residencia de mayores discapacitados con 48 plazas y centro de día, se firmó en 2011 un contrato entre el Grupo Andamarc y la empresa de los dos acusados por un importe superior a 2 millones de euros.

Sin embargo se paralizó la obra por lo que se pagó por el trabajo y la correspondiente indemnización 1,6 millones de euros pero, tras otra subcontrata, lo que realmente pagaron fue 992.880 euros, de forma que obtuvieron un nuevo sobrecoste de 612.000 euros.