En la denuncia presentada por Alba se expone que Doreste acudió de "forma constante a entrevistarse" con él para presuntamente presionarle y dirigir su actuación procesal. "Me citaba en alguna cafetería o aparcamiento para transmitirme mensajes para modelar mi actuación procesal", subrayó en un comunicado el propio magistrado.

"El presidente del TSJC ha llegado a transmitirme amenazas literales del empresario e investigado, Miguel Ángel Ramírez Alonso, tales como que 'me está investigando', 'me está espiando', 'ha accedido a mi correo electrónico personal' para buscar unos datos que sacará a la luz para perjudicarme", señaló Alba.

El magistrado Salvador Alba fue el instructor que investigó al empresario y presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, así como de Seguridad Integral Canaria, la empresa que tenía la contrata de seguridad de la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria.

Esto motivó que el juez sacara "a la luz la relación del empresario con el periodista Carlos Sosa", pareja de la magistrada del Juzgado de Instrucción Número 8 de Las Palmas de Gran Canaria, Victoria Rosell, exdiputada de Podemos, que "investigó a Ramírez durante dos años sin hacer casi nada, antes de marcharse a la política"; mientras que la pareja de Rosell "alquiló una frecuencia de radio por 300.000 euros a la productora UD Las Palmas, participada mayoritariamente por Ramírez".

En este sentido, Alba expone que la relación entre el periodista Carlos Sosa y Miguel Ángel Ramírez "no es puntual sino que se remonta hasta 2006 y revela que Ramírez ha sido socio en varias empresas del periodista". En relación con ello, Alba ha denunciado que la juez "Rosell, con esa carga de relaciones, siga instruyendo la causa contra Ramírez, donde la imparcialidad queda en tela de juicio".

Así la denuncia ante la Fiscalía General del Estado también se refiere a la "influencia de la que goza" el empresario de "ciertos" jueces de Gran Canaria, "amigos suyos, a los que ha utilizado para obtener resoluciones favorables en su causa por delito fiscal".

Finalmente, el magistrado, en su escrito de 14 folios, ha aprovechado para criticar la "inacción de la Fiscalía de Las Palmas de Gran Canaria que, teniendo constancia de estos acontecimientos, no ha hecho nada". Añade que adjunta una "copiosa documentación que sustenta sus alegaciones y que, sin duda, tendrá su impacto" en la judicatura canaria.

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