La cantidad que la Diputación de Guipúzcoa dejó de ingresar entre los años 1989 y 2004 por el presunto fraude de la Hacienda de Irun supera los ocho millones de euros, más de un millón y medio de los cuales pudo haber ido a parar a manos de la presunta "trama" que puso en marcha esta estafa.

Este presunto fraude, cuyo principal acusado es el ex director de la oficina de la Hacienda de Irun José María Bravo y por el que se encuentran imputadas otras cuatro personas, consistía en el supuesto cobro de cantidades reducidas a contribuyentes morosos que luego no eran ingresadas en las arcas forales, aunque las deudas se daban de baja por insolvencia o prescripción.

La investigación llevada a cabo por el departamento de Hacienda, en la que han trabajado 18 funcionarios que han descubierto 51 nuevos expedientes con irregularidades susceptibles de ser consideradas constitutivas de delito, se puso en marcha después de las pesquisas que en un primer momento permitieron poner en conocimiento de la Fiscalía 37 casos detectados en el período 2001-2004.

Estas dieron origen a la apertura de un procedimiento penal que se instruye en un juzgado de Irun. Inicialmente se pensaba que la cantidad que dejó de ingresar la Hacienda foral era de 7.553.137 euros, aunque los 51 nuevos expedientes detectados ahora elevan esta cantidad hasta los 8.125.106 euros. Además, la supuesta "trama" que puso en marcha el presunto fraude se habría apropiado ilícitamente de más de 1.638.552 euros.

La investigación del presunto fraude de la Hacienda de Irun dará mañana un nuevo paso con la comparecencia ante la comisión de las Juntas Generales que investigan las posibles responsabilidades políticas de la funcionaria foral Pilar Gracenea, una de las imputadas en el caso. El principal acusado, José María Bravo, que también se encuentra citado mañana ya ha anunciado que no acudirá.

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