Eran dos grupos pequeños, de apenas un puñado de jóvenes cada uno, que en el año 2013 andaban buscando lo mismo: un pueblo abandonado en las cercanías de Madrid para establecerse e iniciar una nueva vida en el campo, con un proyecto sostenible, autogestionado y en comunidad. Un guarda forestal los puso en contacto y sobre la pista de Fraguas, aldea deshabitada del Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara.

Juntos, la decena de jóvenes urbanitas se encaminaron hasta un conjunto de ruinas semioculto en una escombrera de plomo, herencia de las prácticas militares que el Ejército llevó a cabo en los años noventa. Esa fue la última vez que estuvo habitado, siquiera unos días, después de que en los sesenta salieran los últimos 40 vecinos, expropiados por el antiguo Icona para hacer de este enclave de monte público una ladera reforestable con pino maderero.

"Nos quedamos allí porque nos gustó. Porque estaba claro que el sitio era un lugar preciosísimo antes, ubicado en un entorno favorable, con agua de manantial, tierras buenas en la cara sur y casas protegidas del viento del norte", cuenta Isa, una de las seis pobladoras de Fraguas que, este viernes 25 de mayo, se sentarán como acusadas en un juicio por presunta usurpación, daños y un delito contra la ordenación del territorio por rehabilitar la aldea.

Entre todos ellos —elegidos por ser los que más veces fueron identificados en Fraguas— suman hasta 26 años de prisión (cuatro años y seis meses cada uno) y 27.000 euros de fianza. Esta cantidad sale del cálculo de lo que costaría tirar abajo las tres casas que han levantado durante estos cinco años con mucha ayuda y con materiales y técnicas tradicionales (madera, piedra y adobe).

Dani, Javi, Mila, Isato, Lalo e Isa afrontan "con nervios" el proceso judicial que arranca este viernes, porque podría llevarles a prisión y porque el aviso de la vista les ha llegado con menos de una semana de margen para prepararse. De hecho, a uno de ellos el juicio le ha pillado trabajando en Francia y ahora emprende regreso para poder sentarse en el banquillo.

El abogado de este colectivo de repobladores, Erlantz Ibarrondo, no duda de la diligencia del juzgado, pero también se lamenta de falta de tiempo para preparar a sus defendidos. Su estrategia, anticipa, pasa por evitar la prisión y pedir que la Junta de Castilla-La Mancha haga con Fraguas lo que hizo con otros tres pueblos del parque natural, a los que ha concedido permisos para ser habitados (Umbralejo, La Vereda o Matallana). "Matallana, de hecho, firmó el convenio después de un proceso de okupación similar", destaca Ibarrondo.

La Junta de Castilla-La Mancha, que es quien ejerce la acusación particular como propietaria del monte público, considera que la diferencia en este caso es que Fraguas no es un pueblo, que perdió la catalogación de urbanizable en los años sesenta cuando fue expropiado y por tanto no puede ser habitado. El delegado de la Junta en Guadalajara, Alberto Rojo, explica a 20minutos que en 2013 los técnicos de Agricultura y Medio Ambiente advirtieron a los acusados de que no se podía aceptar su solicitud de repoblar Fraguas. Señala Rojo que no haber puesto el caso en manos de la Justicia hubiera sido prevaricar.

El abogado Ibarrondo reprocha a la Junta que pida más delitos que la Fiscalía, al añadir "daños" en su acusación". Rojo se defiende: "Yo no quiero que nadie vaya a prisión, el problema es que se han cometido unos presuntos delitos y ahora compete a la Justicia decidir, porque la situación es la que es y no se puede mirar para otro lado si se invade monte público".

El juicio a los pobladores de Fraguas ha traído una 'crisis' al Gobierno en Castilla La Mancha, donde Podemos gobierna con el PSOE. La formación morada se ha desmarcado de su socio y ha pedido abandonar la acusación particular.

Argumentan que así se evitaría la entrada en prisión de los hombres y mujeres que han tratado de "revivir" este poblado abandonado. Podemos cree que el colectivo que se instaló en Fraguas ha respetado el entorno y solamente ha reconstruido sobre las ruinas de las casas preexistentes y pide que se negocie su continuidad en el enclave. Consideran que este proceso se contradice con las políticas millonarias de desarrollo rural que no consiguen evitar la despoblación.

Desde el Gobierno de la Junta aseguran que estarían dispuestos a apoyar proyectos como el de Fraguas, no en el Parque Natural, en cualquiera de los 218 municipios con menos de 50 habitantes de derecho que hay en la provincia de Guadalajara. Isa y sus cinco compañeros acusados lo que le piden a la administración es que retire la denuncia e inicie un diálogo.