El expresident de la Generalitat Francisco Camps ha asegurado en su declaración ante la jueza que investiga supuestas irregularidades en la organización de la Fórmula 1 en Valencia que ninguno de sus vicepresidentes Vicente Rambla y Gerardo Camps le informó de que este acontecimiento fuese deficitario ni nadie le dijo que no fuese rentable.

Camps ha cerrado este viernes una semana en la que han comparecido ante la jueza cuatro de los cinco investigados en una de las cuatro piezas en las que se ha dividido el conocido como caso Valmor, tres de las cuales investiga el Juzgado de Instrucción número 2, mientras que la cuarta es competencia de Instrucción 17.

Otro de los investigados, el expiloto Jorge Martínez Aspar, declaró este jueves que ya el primer gran premio celebrado en 2008 fue deficitario, y que mantuvo una reunión con el entonces vicepresidente del Consell y conseller de Hacienda, Vicente Rambla, para comunicárselo.

El pasado martes la exdirectiva de la firma pública Proyectos Temáticos (SPTCV) Belén Reyero, también investigada, dijo que, tras la celebración del primer gran premio, los directivos de Valmor (empresa participada por Bancaja, el empresario Fernando Roig y Aspar) ya informaron al Consell de que el evento había sido deficitario.

Camps ha respondido este viernes a todas las cuestiones planteadas por la jueza, el fiscal, el abogado de la Generalitat, el del PSPV-PSOE y el suyo propio.

Preguntado por la gestión de la empresa Valmor (constituida originalmente para organizar la Fórmula 1 en Valencia y que finalmente fue absorbida por la Generalitat), Camps ha asegurado que no tuvo conocimiento de la misma, por su carácter privado.

A su juicio, las decisiones organizativas las debieron tomar el magnate de la Fórmula 1 Bernie Ecclestone, con quien ha asegurado que tuvo una relación "meramente protocolaria", o José Luis Olivas, expresident de la Generalitat y entonces máximo responsable de Bancaja.

Ha insistido en que jamás manejó contratos ni los vio, ni habló sobre los mismos, y que desconoce por tanto las cláusulas específicas de los mismos o los avales que incluyeron.

Preguntado por la declaración de Reyero, que le sitúa como máximo responsable de la organización de los grandes premios, Camps ha asegurado que jamás trató directamente con ella sino a través de su entonces jefa de gabinete, Ana Michavila.

Al respecto, la defensa de Camps ha advertido de que Belén Reyero no mencionó una sola vez a Michavila en su reciente declaración, y ha explicado que el expresident ha dejado patente que su papel en ningún caso fue el de intervenir en las contrataciones.

Asimismo, ha expresado su sorpresa por el hecho de que el Ministerio Público no investigue la supuesta falsificación de la firma del máximo responsable de la SPTCV, Nicolás Figueras, en el contrato de julio de 2011 (por el que el Consell acordó la prórroga de los grandes premios y asume el pago del canon) que algunas partes atribuyen a Reyero, su subordinada en SPTCV.

Esta misma fuente ha explicado que el compromiso de apoyo institucional a la Fórmula 1 expresado por Camps en reiteradas ocasiones no supuso el compromiso de sufragar hipotéticas pérdidas o absorber Valmor, y que mantuvo este criterio mientras fue presidente del Consell. La adquisición de esta empresa y de su deuda se firmó por el Consell de su sucesor, Alberto Fabra.

La defensa de Camps, como anunció el martes, ha pedido este viernes en la sala de vistas el libre sobreseimiento de la causa, por entender que las recientes declaraciones han "desmontado" el relato del fiscal Anticorrupción en su denuncia.

Antes de entrar en el juzgado y también a la salida, Camps ha asegurado que su encausamiento por las supuestas irregularidades en la organización de la Fórmula 1 en Valencia es un asunto político, del que ha responsabilizado a Compromís, "un partido catalanista que quiere que haya Fórmula 1 en Barcelona y no en Valencia".

"Esto es una cuestión puramente política y estoy al servicio de la justicia para seguir defendiendo mis planteamientos políticos, que creo que siguen intactos", ha afirmado.

Tras la declaración del expresident se ha conocido que el mismo juzgado, en el marco de otra pieza sobre este mismo asunto pero relacionada con contratos para el montaje de los grandes premios, ha citado a declarar a diez nuevos investigados, entre ellos el exsecretario autonómico de Hacienda José Miguel Escrig y el exdirector del Circuito del Motor Julio García.