Catalá
El ministro de Justicia, Rafael Catalá. Emililo Naranjo / EFE

Finalmente serán 15 mujeres y 13 hombres juristas quienes conformarán la comisión encargada de proponer una reforma de los delitos sexuales en el Código Penal, según informa en un comunicado el Ministerio de Justicia.

Con los nombramientos efectuados "se logra una representación equilibrada de mujeres y hombres en este órgano asesor que deberá pronunciarse sobre materias de especial sensibilidad como la libertad sexual de la mujer y la tipificación que se hizo en el Código Penal de 1995 de los delitos de abuso y agresión sexual", añade.

La comisión está formada por 25 vocales permanentes y tres vocales adscritas.

Como vocales permanentes de la nueva sección de Derecho Penal, se han integrado 12 mujeres y 13 hombres: Esteban Mestre Delgado (presidente), Avelina Alonso de Escamilla, Luis Arroyo Zapatero, Javier Boix Reig, Manuel Cancio Meliá, Juan Carlos Carbonell Mateu, Mirentxu Corcoy Bidasolo, Patricia Faraldo Cabana, Pilar Fernández Valcárcel, Ana Mª Ferrer García, Piedad García-Escudero Márquez, Carlos García Valdés, Enrique Gimbernat Ordeig, Carmen Gómez Rivero, José Luis González Cussac, Myriam Herrera Moreno, Carmen Lamarca Pérez, Borja Mapelli Caffarena, Pilar Martín Nájera, Enrique Peñaranda Ramos, Miguel Polaino Navarrete, Susana Polo García, Gonzalo Quintero Olivares, Mª del Carmen Sánchez Morán y Jesús Mª Silva Sánchez.

Como vocales adscritas han sido nombradas: Blanca Hernández Oliver y Lucía Pedreño Navarro, así como la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega Benito, que ha sido designada para esta labor por su condición de vocal nata de la Comisión General de Codificación.

La incorporación de doce mujeres a la sección que tendrá que hacer el trabajo para Justicia de revisar los delitos sexuales en España era una propuesta que emanó de la primera reunión de una comisión que fue duramente criticada por su composición exclusivamente masculina. Justicia intentó fichar a algunas juristas de manera temporal para esta reforma, pero las académicas no aceptaron la oferta precisamente por no ser un puesto permanente y en igualdad de condiciones con sus compañeros.