El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha felicitado a Fabián Salvioli por su nombramiento como Relator Especial de la ONU. Salvioli realizó el informe en el que consideró que la denominada Ley vasca de abusos policiales -varios de cuyos artículos están recurridos por el Gobierno del PP en el Tribunal Constitucional- era "perfectamente compatible con el derecho internacional".

A través de la redes sociales, Urkullu ha trasladado su felicitación al expresidente del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas por su designación como Relator Especial de la ONU -experto independiente designado por el Consejo de Derechos Humanos para examinar e informar sobre la situación de un país o un tema específico de los derechos humanos-.

En sus mensajes, el lehendakari le agradece "su contribución a Euskadi" al haber elaborado el informe sobre "la compatibilidad" al derecho internacional de la Ley vasca de 'reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la violencia de motivación política en la Comunidad Autónoma del País Vasco entre 1978 y 1999'.

Fabián Salvioli mantuvo un encuentro con Iñigo Urkullu en la sede de Lehendakaritza, en Vitoria, el 24 de abril de 2017 y, posteriormente, éste presentó las conclusiones de su informe en que el apuntaba que la Ley vasca 12/2016 de Reparación de Victimas "cumple con el derecho internacional de los derechos Humanos y con las normas de órganos internacionales en materia de reparación de víctimas".

Por aquel entonces, el Gobierno español había anunciado la presentación de un recurso contra esta norma en el Tribunal Constitucional y el plazo para impugnarla venció el 10 de mayo de ese año. El Ejecutivo de Mariano Rajoy formalizó su demanda y, en la actualidad, la Ley se encuentra en vigor, aunque varios de sus artículos están suspendidos, a la espera de que lo que decida el TC.

En concreto, fueron impugnados los preceptos relacionados con el funcionamiento de la 'Comisión de Valoración', a la que la norma "atribuye el esclarecimiento de los hechos relacionados con esas violaciones de derechos humanos", al considerar el Ejecutivo del PP que existe "riesgo de interferencias" en la acción de la Justicia y que pueden "vulnerar" los derechos a la presunción de inocencia y a la tutela judicial efectiva de funcionarios y particulares a los que se les impute delitos "sin garantías de un procedimiento judicial previo".

INFORME DE SALVIOLI

El informe que elaboró Salvioli, y que presentó en una jornada organizada por el Gobierno Vasco para analizar el encaje en el marco internacional de la Ley de abusos policiales, concluyó que la norma vasca, "en su conjunto, va en la dirección indicada por el derecho internacional, por los órganos internacionales de tutela y por los estándares construidos en materia de reparaciones a víctimas de violaciones a los derechos humanos".

Además, destacó que, "desde un examen teleológico, muestra consonancia con la normativa y decisiones internacionales", y añadió que "las violaciones a los derechos humanos a las que se pretende reparar con la puesta en práctica de la Ley son hechos que encuentran consistente jurisprudencia internacional armónica con la previsión legislativa".

En cuanto a la jurisdicción, el marco temporal, las personas beneficiarias, los principios de actuación y el procedimiento establecido en la Ley 12/2016, afirmó que "cumplen con las exigencias determinadas en las normas y dictámenes de órganos internacionales en materia de reparación".

También consideró que las medidas de reparación previstas por la Ley 12/2016, "tanto en la habilitación a medidas de satisfacción de parte de los poderes públicos, como en el procedimiento específico que hace al objeto de la Ley -indemnización y rehabilitación- coadyuvan al cumplimiento del derecho a la verdad".

El informe subrayó que estas medidas "se alinean con la reparación integral", principio por excelencia para el abordaje de violaciones a los derechos humanos conforme a la jurisprudencia internacional y regional.

"Es igualmente indudable que la Ley se encuadra a cumplir con dictámenes y observaciones específicas que no solamente emanan del derecho internacional general, sino de obligaciones que emergen de decisiones internacionales concretas respecto de España", añadió.

Fabian Salvioli aseguró, por último, que "no cabe duda que la plena vigencia y sin reserva de la Ley 12/2016, y su debida aplicación conforme al objeto y fin de la misma, será objeto de valoración muy positiva de parte de los órganos internacionales de supervisión de las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos".