La Universidad Rey Juan Carlos (URJC) llevará a la Fiscalía las informaciones sobre presuntos delitos relativos a las calificaciones que obtuvo la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, tras cursar un máster de Derecho en el centro para que las investigue.

Según ha informado la URJC en un comunicado, el rector de la institución, Javier Ramos, ha tomado esta decisión como consecuencia de la investigación interna ordenada el pasado 21 de marzo y ante la aparición de informaciones que "pudieran ser constitutivas de delito". El propio rector comparecerá este viernes ante los medios en el edificio de Rectorado del Campus de Móstoles para dar más detalles sobre este asunto.

La Universidad Rey Juan Carlos ya había informado este jueves en un comunicado previo de que trabaja "intensamente" para aclarar todo lo relativo al máster y expresa su compromiso de llegar "hasta las últimas consecuencias". "La URJC tiene el compromiso de llegar hasta las últimas consecuencias, pero también la obligación de transmitir a la sociedad que no puede ni debe hacer declaraciones al respecto, hasta que la investigación interna termine y tenga en su poder todas las pruebas que avalen las conclusiones de la misma".

La falsificación de un documento público como es el acta que acredita el TFM de Cristina Cifuentes lleva acarreada, en concreto, una pena entre tres y seis años de cárcel si quien la comete es un funcionario o una autoridad, según el Código Penal. La Fiscalía de Móstoles ha abierto una investigación penal por las denuncias presentadas por asociaciones de estudiantes por las posibles irregularidades cometidas en la Universidad Rey Juan Carlos en relación con el máster de Cifuentes. La misma Fiscalía se hará cargo de la información que remita la Universidad Rey Juan Carlos, que ha apreciado en su investigación interna indicios de delito.

La presidenta del tribunal, Alicia López de los Mozos, ha declarado, según El Confidencial, que ella no formó parte del mismo y que su firma fue falsificada. La falsificación de un documento público está tipificada en el artículo 390 del Código Penal con penas de tres a seis años de prisión, multa de seis a veinticuatro meses e inhabilitación especial por tiempo de dos a seis años si quien lo comete es un funcionario o una autoridad en el ejercicio de sus funciones. Si quien cometiera la irregularidad fuera un particular, el Código Pena recoge posibles castigos de seis meses a tres años de prisión y multa de seis a doce meses.

La presidenta madrileña defendió el miércoles en un pleno extraordinario en la Asamblea regional que su título de máster era "perfectamente real y legal", pero sus explicaciones no fueron suficientes para el PSOE, que anunció una moción de censura contra ella, ni para Ciudadanos, que planteó una comisión de investigación.

Por otro lado, la Fiscalía de Móstoles ha abierto diligencias de investigación penal después de las denuncias presentadas por asociaciones de estudiantes por las posibles irregularidades cometidas en torno al máster, según fuentes fiscales, que han indicado que la Fiscalía también asumirá la información que traslade la propia Universidad.