Se trata, según ha explicado, de una modificación "cerrada" del Estatuto, que busca "terminar con este privilegio" al igual que ya se ha hecho en otras comunidades autónomas como Murcia o Cantabria. En ambos casos, ha señalado en rueda de prensa, se aprobó la eliminación de los aforamientos por unanimidad, con lo que la parlamentaria asturiana espera que en Asturias los grupos "reflexionen" y respalden la iniciativa.

Para sacar adelante la iniciativa es necesario contar con unas mayorías determinadas, de 11,25 diputados para poder presentarla y 27 diputados para que pueda ser aprobada -tres quintos de la cámara-.

Conscientes de que con sus tres diputados cuentan con un número "insuficiente" de apoyos, desde Ciudadanos esperan que el resto de grupos se sumen a su iniciativa para modificar los artículos 26.2 y el 35 bis.

La modificación del segundo punto del Artículo 26 se refiere únicamente al segundo párrafo, que actualmente está así redactado: "Durante su mandato no podrán ser detenidos ni retenidos por los actos delictivos cometidos en el territorio de Asturias, sino en caso de flagrante delito, correspondiendo decidir en todo caso sobre su inculpación, prisión, procesamiento y juicio al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma. Fuera de dicho territorio la responsabilidad penal será exigible, en los mismos términos, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo".

La propuesta de Ciudadanos es: "Durante su mandato no podrán ser detenidos ni retenidos por los actos delictivos cometidos en el territorio de Asturias, sino en caso de flagrante delito, y en tanto decide el juzgado o tribunal ordinario, competente y predeterminado por la Ley, sobre su inculpación, prisión, procesamiento y juicio".

En cuanto al Artículo 35 bis, que actualmente fija que la responsabilidad penal del Presidente del Principado y de los miembros del Consejo de Gobierno será exigible ante el Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias por los actos cometidos en el territorio del Principado, han pedido modificar el tribunal competente por "el juzgado o tribunal ordinario competente y predeterminado por la Ley".

Ciudadanos ya presentó en 2016 una Proposición No de Ley en este sentido, refrendada por todos los grupos salvo PSOE y Foro. Ahora Diana Sánchez confía en que los dos grupos hayan "reflexionado" y se sumen a esta iniciativa para, al menos, poder tramitar su toma en consideración antes de junio.