Un 5,2% de las víctimas de violencia sexual registradas por los Mossos d'Esquadra en Cataluña en 2017 fueron discapacitados intelectuales, un 87% eran mujeres y un 31% menores de edad. La policía catalana recibe unas 94 denuncias al año por abusos a este colectivo especialmente vulnerable.

Estos datos y el hecho de que muchos de los casos no se pongan en conocimiento de las autoridades, como sospecha la policía catalana, ha llevado al cuerpo a elaborar un proyecto pionero a nivel europeo para ayudar a prevenir y a detectar estos abusos y, de paso, a hacer florecer los casos que permanecen ocultos, muchas veces, por el miedo de los propios agredidos a denunciar lo ocurrido. Unos 400 agentes participan de este protocolo. 

Los policías que han recibido las formaciones, con 8 talleres, y que tienen acceso a una guía especialmente elaborada para la asistencia a estas personas, han trabajado en sesiones acerca de los abusos sexuales, psicológicos y económicos y de los delitos relacionados con el uso de las nuevas tecnologías de los que también pueden ser objeto las víctimas.

Los mossos formados en este protocolo pionero impartirán talleres divulgativos a personas con discapacidad intelectual para ayudarlas a detectar si han sufrido abusos sexuales, psicológicos, económicos, relacionados con el uso de las tecnologías o bien de odio y discriminación. Los agentes dotarán a los asistentes de herramientas de prevención. Ya se han realizados dos pruebas piloto en El Prat de Llobregat (Baix Llobregat) y en Cerdanyola del Vallès.

El portavoz del cuerpo de Mossos d'Esquadra, el inspector Albert Oliva, ha indicado este martes que con este protocolo "no se está trabajando por las estadísticas sino para dar una atención adecuada a las personas con necesidades específicas".

Por su lado, Rosa Cadenas, la presidenta de Dincat (organismo que representa a más de 300 entidades sociales que trabajan en la inclusión del colectivo) ha remarcado que a las personas con discapacidad intelectual les cuesta denunciar los abusos bien por la presión que ejerce su entorno, por inseguridad o por tener miedo a represalias.

Por eso mismo, Oliva ha destacado que una parte muy importante de la formación por la que han pasado los mossos insiste en "generar un clima de confianza para romper con estos tabúes y con el miedo y la inseguridad" de los agredidos.  

El último informe de Dincat Plena Inclusió en colaboración con la Fundació Vicki Bernadet y la Universitat de Barcelona (UB), a partir de 260 encuestas a personas entre los 20 y los 71 años de edad, indica que la mitad de las mujeres discapacitadas intelectualmente y uno de cada cinco hombres han sufrido abusos o agresiones sexuales. Y que un 21% de las conductas contra estas personas más vulnerables suceden en la calle o en lugares públicos, el 20% tienen lugar en los propios domicilios de las víctimas, el 14% en centros educativos y un 10% en centros residenciales o en el puesto de trabajo.

Un 48% de los encuestados han sufrido robos. Violencia física un 40% y victimización psicológica un 64%. Oliva también ha recordado que los abusos se suelen dar por parte del entorno familiar y de personas que les atienden y que los abusos que más se denuncian son los "sexuales y económicos".

El informe arroja que, a lo largo de su vida, una persona con discapacidad intelectual puede llegar a padecer de media seis situaciones de victimización diferentes. Y que estas no se suscriben únicamente a la etapa de la infancia sino que se pueden producir a lo largo de cualquier momento de la vida de la persona.

Entre los diferentes tipos de victimitzación sexual, han padecido tocamientos un 29% de las mujeres y un 12% de los hombres; relaciones sexuales no deseadas con penetración un 24,5% de las mujeres y un 7% de los hombres. Y en el caso de la victimitzación electrónica, de cada 10 entrevistados, dos han sido víctimas de online grooming (acoso sexual).