Mesa técnica para reformar el ICA
Mesa técnica para reformar el ICA GOBIERNO DE ARAGÓN

La mesa técnica para abordar la reforma del Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA) ha acordado, por unanimidad, el decálogo que recoge los objetivos que deben incluirse en el futuro proyecto de ley que modifique este tributo, si bien no ha contado con la participación de la Red de Agua Pública de Aragón (RAPA), ni del Ayuntamiento de Zaragoza.

Este documento, dado a conocer el pasado 22 de febrero en una sesión anterior, se remitirá ahora al Parlamento autonómico, además de servir de base para elaborar la reforma que proponga el Ejecutivo autonómico.

Así lo ha explicado la directora del Instituto Aragonés del Agua (IAA), Inés Torralba, en declaraciones a los medios de comunicación, a quienes ha indicado que "partíamos de propuestas muy dispares, de intereses diferentes" puesto que "la mesa ha sido plural".

Por eso, ha dicho, que el documento de conclusiones "tenía que dar cobertura a todos" y "hemos recogido aquello en lo que todos podemos estar de acuerdo", algo "muy valioso para quien tiene la responsabilidad de elaborar el proyecto de ley".

Según ha detallado, desde que se constituyó la mesa hace dos meses han estado presentes desde organizaciones empresariales, a asociaciones de consumidores, el Clúster para el uso eficiente del agua (Zinnae), la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP) y la RAPA, que integra a entidades ambientales y a otros colectivos.

El Ayuntamiento de Zaragoza rechazó participar desde el principio, si bien había sido convocado y la RAPA no ha asistido a esta última reunión por considerar el documento una "hoja parroquial de la depuración", ya que "es una sucesión de principios filosóficos sobre la depuración sin contenido real" y está "falto de contenido", han afirmado desde la Red.

PRESENTES EN EL PREACUERDO

Torralba ha esgrimido que la RAPA "ha estado en las sesiones" y en la última "manifestaron, como el resto de los asistentes, estar de acuerdo con los objetivos de carácter general" del documento, reunión celebrada el pasado 22 de febrero y en la que se llegó a un preacuerdo unánime.

Ha añadido que, a pesar de esto, "se hizo el ofrecimiento de mayor concreción", pero la RAPA "no han hecho uso" de él, para comentar que respeta "a las parroquias de Zaragoza y del resto del mundo, pero esto es otra cosa distinta, que no está en el ámbito pastoral, ni de la Iglesia", ha ironizado, y ha agregado que ella no se mueve "con ese lenguaje, ni esas tácticas".

Inés Torralba ha subrayado que se ha buscado la "participación activa" de todos los convocados a la mesa técnica y ha estimado que se ha logrado, ya que las diferentes organizaciones enviaron sus propuestas y "hemos tenido la ocasión de debatirlas" y "en la sesión pasada ya se apreció que había un elevado consenso", si bien "se ofreció que, si se quería un mayor grado de concreción, se podía poner de manifiesto".

Por eso, ha continuado, "desde el 22 de febrero hasta hoy ha estado abierto el correo electrónico para formular matices" o "correcciones" y "no hemos recibido nada por lo que era de espera que hoy hubiera unanimidad".

TRABAJO CONCLUIDO

Torralba ha comentado que este documento contiene "los objetivos y líneas que debe perseguir la nueva regulación que tiene que proyectar el Gobierno de Aragón". Ha añadido que la mesa técnica ha terminado su trabajo y ahora el Ejecutivo debe elaborar y aprobar un proyecto de ley en materia tributaria -procedimiento que suele durar unos cuatro o cinco meses-, que después deberá remitir a las Cortes de Aragón.

Asimismo, desde la mesa se remitirá el documento al Parlamento autonómico. La directora del IAA ha descartado aplicar una moratoria mientras se reforma el impuesto, ya que la ley sigue vigente y ha de aplicarse, además de que solo puede ser derogada por las Cortes regionales.

Torralba ha apuntado que hay 80.000 contribuyentes que no se han dado por notificados del cobro del ICA porque ni han pagado el impuesto, ni lo han recurrido y en el caso de que no se haya abonado, pero sí recurrido se considera "notificado".

De esos 80.000, unos 64.000 son las zonas dos y tres de Zaragoza, y el resto de la zona uno -Casco Histórico, La Almozara y la margen izquierda-, los últimos que a los que se ha girado recibo por lo que todavía se están cribando datos.

Torralba ha aclarado que antes de pasar a la vía ejecutiva es preciso asegurar que han recibido la notificación y con esta finalidad se están enviado cartas certificadas con acuse de recibo, unas 12.000 por semana, ha relatado la directora del IAA.

Por lo que respecta a los recursos, el Instituto tiene contabilizados unos 30.000, si bien todavía está abierto el plazo y, por ejemplo, en el caso de las notificaciones fehacientes tendrán un mes tras recibirlas para presentar recurso.

PROGRESIVIDAD

Torralba ha enumerado algunos de los puntos del documento, como "buscar mayor simplicidad y eficiencia en la gestión de los servicios públicos del agua", la progresividad y que las figuras que se regulen incentiven el uso racional de los recursos, sin penalizar a los hogares con más habitantes, ni los usos empresariales.

"También se menciona el principio de equidad, solidaridad y corresponsabilidad porque todos en nuestro territorio debemos contribuir a mantener los servicios y las infraestructuras del ciclo integral del agua y el principio", ha comentado la directora del IAA.

Además, se hace referencia a los principios de quien contamina paga y de recuperación de costes, "que rigen en la Unión Europea y todas las Comunidades han incorporado a nuestro ordenamiento", ha informado.

Los asistentes a la reunión han sido, por los consumidores, las asociaciones Torre Ramona y San Jorge; la CEOE Aragón; el Clúster para el uso eficiente del agua, y la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP).

Por parte del Gobierno de Aragón, han estado representes el secretario general Técnico del Departamento Desarrollo Rural y Sostenibilidad, José Luis Castellano, un represente de la dirección general de Tributos y ella misma.

COLABORACIÓN

El secretario general de la FAMCP, Martín Nicolás, ha explicado que en territorios como el aragonés, "donde hay ayuntamientos muy pequeños, con muy poca población", se necesita "la colaboración y el impulso de todos para cumplir con las obligaciones que marca la normativa a los ayuntamientos".

Ha recalcado que son los municipios quienes están obligados a prestar el servicio de saneamiento de las aguas, pero "un ayuntamiento de cien habitantes no tiene la capacidad de prestar el servicio en las condiciones debidas".

Sobre la ciudad de Zaragoza, ha comentado que durante 14 años no ha pagado el ICA porque ha estado pagando sus propias depuradoras y una vez que se han amortizado, "tiene que empezar a colaborar con el resto de ciudadanos para el mantenimiento de aquello que se ha hecho, que cuesta un dinero" y por eso "no es posible eliminar las figuras impositivas" porque "el principio de solidaridad lo impide".

También ha expresado que el documento acordado es positivo "porque recoge lo que hemos planteado para mejorar el impuesto, como la atención a las familias numerosas, las circunstancias particulares de algunos domicilio, la tarifación por tramos en la parte variable de la misma y el principio de quien contamina paga".

Al respecto, ha esgrimido que son circunstancias "que parecen genéricas, pero son concretas a la hora de decir a los parlamentarios por donde deben ir para adecuar el impuesto y para que si hay demandas sociales que no se ven bien reflejadas o consideran que son injustas, se adecue o corrija, pero manteniendo el impuesto".

Consulta aquí más noticias de Zaragoza.