En la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno local, Goia ha recordado que el Consistorio comenzó la reflexión sobre este "nuevo fenómeno" en la capital guipuzcoana en el verano de 2016, de la mano de un primer estudio en el que se hizo "un análisis sobre cuál era la repercusión y peso que tenía" en la ciudad.

Tras ese primer análisis, se constituyó una comisión interdepartamental dentro del Ayuntamiento para "analizar con más detenimiento cuál era el fenómeno, cuáles eran las implicaciones que podía tener y cuáles eran las necesidades que podían existir a la hora de tratar de ordenarlo".

El alcalde ha afirmado que este asunto "exigía una regulación desde un punto de vista urbanístico y desde la perspectiva de seguir teniendo una ciudad en la que los usos puedan convivir de una forma adecuada y equilibrada y que este fenómeno, que es un nuevo tipo de oferta, no generara efectos no deseados".

"PEGADA A LA TIERRA"

Tras reiterar que se trata de una ordenanza "muy pegada a la tierra, a la realidad de lo que es nuestra ciudad y que trata de lograr una ciudad equilibrada y sostenible", Goia ha reconocido que la misma "suscita opiniones enfrentadas, desde quienes gestionan este tipo de actividad que tienen una posición liberalizadora total o a plataformas que tienen la opinión radicalmente contraria".

A su juicio, "la ordenanza, si tiene una virtud es la de haber logrado un punto de equilibrio, que probablemente no satisface a todos, pero es que hay momentos en que uno no debe satisfacer a todos sino que debe tratar de satisfacer al interés público, que es lo que nos guía como Ayuntamiento cuando abordamos esta cuestión".