La Jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha decidido dejar en libertad sin fianza el Mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, después de la declaración de poco más de dos horas que ha prestado en la Audiencia Nacional por su presunta responsabilidad en la inactividad de la policía autonómica para impedir la votación el 1-O, al entender que siempre ha cumplido su obligación con la justicia y que ya no tiene posibilidad de destruir u ocultar pruebas.

Lamela ha rechazado la petición que le había hecho la Fiscalía, que pedía la libertad pero con la imposición de una fianza de 50.000 euros. El fiscal de la Audiencia Nacional Pedro Rubira ha adoptado la decisión después de escuchar durante poco más de dos horas la declaración de Trapero, que ha desgranado su papel durante el 1-O.

Lamela considera en su auto que el ministerio público "únicamente hace referencia como fundamento de su petición a la imputación de un segundo delito de sedición, lo cual agrava su situación procesal, y a la posibilidad de que Trapero pueda ocultar o destruir nuevas pruebas".

Argumentos que la juez no estima "suficientes" al tener en cuenta que el Mayor "viene cumpliendo escrupulosamente" las medidas cautelares que le impuso el pasado 16 de octubre: comparecencias quincenales, retirada del pasaporte, prohibición de salir de España y fijación de domicilio y teléfono.

Trapero estaba citado este viernes como imputado por un segundo delito de sedición para dar cuenta sobre su actuación durante la jornada del 1-O, en la que la juez le imputa "un plan premeditado para evitar actuar" en el operativo con el que se trató de impedir el referéndum.

Pero Lamela sostiene que "prácticamente desde el inicio de las actuaciones se está investigando su posible responsabilidad" en los hechos del 1 de octubre, "habiendo sido incluso interrogado sobre ellos en la segunda declaración" que prestó como imputado ese 16 de octubre.

Para fundamentar su decisión de dejarle en libertad con las mencionadas medidas cautelares, Lamela argumenta que Trapero ya no ostenta el cargo de Mayor de los Mossos por lo que no tiene "una posición de mando" que le permita ocultar o destruir pruebas.

Además, prosigue Lamela, el exjefe de la Policía autonómica catalana podía intuir que la Fiscalía iba a pedir una medida grave para él "al haberse hecho eco ya de ello algunos medios de comunicación" y también sabía que podía imputársele un delito de organización criminal, y aún así ha comparecido en la Audiencia Nacional.

También ha tenido en cuenta la juez el avanzado estado de la investigación, lo que hace que las posibles acciones que pueda llevar a cabo Trapero no puedan comprometer la instrucción.

Por todo ello, señala Lamela, "procede desestimar" la petición de la Fiscalía en tanto que las medidas cautelares que ya pesan contra Trapero son "suficientes para garantizar su plena disposición" con la justicia.

Los argumentos de la Fiscalía

El exjefe de los Mossos ha reconocido haber mantenido reuniones previas al 1-O con el expresidente catalán Carles Puigdemont, el exconsejero de Interior Joaquim Forn y "otros mandos policiales", que "anteriormente ocultó", motivo por el que la Fiscalía ha pedido su libertad bajo fianza.

Según una nota de prensa de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, el fiscal Pedro Rubira ha argumentado la petición de esa fianza para Trapero en "la agravación" de su situación procesal tras serle imputado por la juez Carmen Lamela un segundo delito de sedición en relación al 1-O.

Además, añade la nota, otro de los motivos es que en esta tercera declaración ante Lamela, "se han conocido detalles importantes que anteriormente ocultó", fundamentalmente esas reuniones con miembros del Govern cesado y otros "mandos policiales" "sobre el referéndum".

La Fiscalía insiste en que el mayor de los Mossos, que fue relevado de su cargo tras la aplicación del artículo 155 por su compañero Ferrán López, "no llevó a cabo ningún intento de impedir su celebración".

La defensa niega que ocultara reuniones con Puigdemont

La defensa de Trapero ha negado que éste ocultara reuniones de cara al 1-O con Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, y el exconsejero Joaquim Forn, tal y como ha sostenido la Fiscalía, y ha señalado que se le comunicó a la juez en un escrito del pasado 18 de diciembre.

Al término de la declaración, fuentes de su defensa han explicado que cuando empezaron a llegar informes policiales que apuntaban a la responsabilidad de los Mossos en la celebración del 1-O, se presentó un escrito en el que se relataban esas dos reuniones mantenidas con altos cargos del Govern los días 26 y 28 de septiembre en el Palau.

Según esta versión, fue la cúpula de los Mossos la que pidió estos encuentros ante su preocupación por la seguridad ciudadana el día del referéndum, en el que se estimaba que unos dos millones de personas podían acudir a votar, y ante su malestar por las afirmaciones de miembros del Govern asegurando que los Mossos iban a "facilitar y promover" la celebración del referéndum.

En esas reuniones, la cúpula de los Mossos quisieron dejar claro que ellos se mantenían al margen del procés y que cumplirían con los mandatos judiciales del TSJC.

Para contrarrestar los informes policiales sobre la inactividad de los Mossos, la defensa de Trapero pidió en ese escrito a la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela que llamara a declarar a Puigdemont, Junqueras, Forn y otros mandos de los Mossos: Ferrán López, actual jefe de la Policía autonómica, y los comisarios Joan Carles Molinero, Emilio Quevedo y Manel Castellví.

Según la defensa de Trapero, que ejerce la abogada Olga Tubau, el fiscal se opuso a que se practicara esta diligencia y Lamela la acabó desestimando, al igual que hizo la Sala de lo Penal cuando recurrieron en apelación.

La defensa también ha querido aclarar que Trapero en su declaración en ningún momento ha afirmado que se forzara a los Mossos a dirigir su actuación para permitir la votación el 1-O.

Pese a haber manifestado su preocupación por la problemática de la seguridad ciudadana ese día, Trapero ha explicado que en ningún momento propusieron a Puigdemont que desconvocara el referéndum, dado que eso no formaba parte de sus competencias.

Semblante serio

Trapero ha llegado a las 8.30 horas a la Audiencia Nacional para afrontar su tercera comparecencia ante la juez Lamela y responder a una nueva imputación por sedición por el 1-O, que podría acarrearle ser también investigado por organización criminal. Luego ha sido el turno del comisario jefe de los Mossos, Ferran López.

El mayor de los Mossos, que estaba citado a las 9.00 horas, ha acudido a la Audiencia con semblante serio y abrigo negro acompañado de su abogada Olga Tubau. Su sucesor al frente de la Policía autonómica, Ferrán López, ha sido este viernes también llamado a declarar en calidad de testigo a las 11.00 horas.

La última vez que compareció ante la juez de la Audiencia Nacional, el pasado 16 de octubre, la Fiscalía pidió su ingreso en prisión sin fianza, pero finalmente quedó en libertad con medidas cautelares: comparecencias quincenales, retirada del pasaporte, prohibición de salir de España y fijación de domicilio y teléfono. Este viernes, la juez le ha mantenido las mismas medidas cautelares.

En esta ocasión, la magistrada le ha citado de oficio, sin previo informe de la Fiscalía, y por ello cabe la duda de si mantendrá la petición de prisión que hizo cuando José Manuel Maza ostentaba el cargo de fiscal general del Estado o si su sustituto, Julián Sánchez Melgar, se decantará por una medida cautelar menos drástica, como una fianza.

Al dejarle en libertad con las citadas medidas, Lamela precisó que la investigación se circunscribía al asedio a la Guardia Civil del 20 de septiembre, a la espera de ampliarla al 1-O, y que su actuación en ese episodio no estaba aún "suficientemente perfilada" para vincularle directamente "a hechos tan graves como los que esos días sucedieron".

Ahora, tras practicar diligencias, entre ellas la toma de declaración al coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, la juez ha concluido que la actuación de los Mossos ese día y el 1-O "fue dirigida a obstruir cualquier actuación que bloquease el plan estratégico hacia la independencia" y por eso "la policía autonómica también fue utilizada para controlar las acciones" de las otras Policías.

Con esa finalidad, se diseñó un "plan premeditado", "que procedía de la cúpula policial de Mossos d'Esquadra, cúpula comandada por Josep Lluis Trapero y en conexión directa con los miembros del comité estratégico", al que aludía el documento Enfocats.

Dos días después de que Lamela notificara este auto, la Fiscalía pedía ampliar la investigación a la cúpula de los Mossos para imputar también al entonces superior de Trapero, el exdirector de la Policía autonómica Pere Soler; y al ex secretario general de Interior César Puig, segundo del exconseller Joaquim Forn, que se encuentra en prisión junto a Oriol Junqueras y los "Jordis".

Organización criminal

Según la Fiscalía, mientras Soler y Trapero "se vieron en la obligación de transmitir la sensación" de que acatarían la orden de cerrar los centros de votación, "en realidad no tenían la más mínima intención de hacerlo".

Realmente -añadía el fiscal- actuaron de "correa de transmisión de las instrucciones" de los responsables políticos "ordenando ejecutar o abstenerse de las órdenes judiciales y del cumplimiento de la Ley".

Además de imputar a Trapero un segundo delito de sedición, la juez ha apuntado también a la posibilidad de investigarle además por un delito de organización criminal, al entender que se trató de "una estrategia perfectamente coordinada, con arreglo a un plan común y con reparto de papeles".

La juez cree que Trapero se encargó del diseño de "un sistema de comunicación entre los agentes" y "sus mandos superiores que supuso una ralentización de las comunicaciones, lo que produjo, aún más si cabe, una ineficacia en la actuación", por lo que ha reclamado a los Mossos que identifiquen a las personas y los medios empleados en ese operativo.

Además de Trapero, Lamela ha citado también para este viernes como testigo al nuevo jefe de los Mossos, Ferrán López Navarro, que sustituyó a Trapero al aplicarse el artículo 155 en Cataluña y que ha acompañado al mayor las dos veces que ha acudido a la Audiencia Nacional.