La Mesa del Parlament ha decidido este martes no tramitar la reforma de la Ley de la Presidencia para investir a distancia a Carles Puigdemont (JxCat), y ha pedido un informe a los letrados sobre esto.

La decisión se ha tomado tras un acuerdo previo de ERC y JxCat -que tienen la mayoría en la Mesa- que según  algunas fuentes han aparcado las diferencias que tuvieron la semana pasada sobre este tema.

La reforma, impulsada por JxCat, busca investir a Puigdemont presidente de la Generalitat sin que deba comparecer ante el pleno, lo que choca con la interlocutoria del Tribunal Constitucional (TC) sobre la investidura.

Según fuentes parlamentarias, la petición del informe a los letrados es para conocer si las medidas decretadas por el Tribunal Constitucional, por las que prohibió una investidura a distancia de Carles Puigdemont, afectarían la admisión a trámite de la reforma de la ley de Presidencia y del Govern, que hoy sí que ha entrado en el orden del día de la reunión de la Mesa después que fuera excluida la semana pasada.

En este contexto, la Mesa ha decidido esperar al resultado del informe de los letrados antes de proceder a la admisión a trámite de esta reforma de la ley. El primer partido del Parlament, Ciudadanos, había pedido la inadmisión a trámite de la reforma, mientras que el PSC había solicitado su reconsideración, según fuentes parlamentarias.

Esta propuesta generó tensión entre JxCat y ERC después de que el presidente del Parlament, Roger Torrent (Esquerra), declinara introducirla en el orden del día de la reunión de la Mesa del pasado martes.

En ese momento alegó motivos de forma pero este martes, cuando sí se ha analizado el asunto, la Mesa tampoco la ha admitido a trámite y ha sido la propia mayoría independentista de JxCat y ERC (cuatro miembros de siete) la que ha optado por recurrir a los letrados para aclarar dudas.

En todo caso, los letrados ya emitieron un informe, a medianos de enero, en el que concluyeron que el reglamento del Parlament no permitía una investidura a distancia, un análisis que solicitó la entonces presidenta del Parlament Carme Forcadell.