La Generalitat catalana pagó alrededor de 1 millón de euros a la empresa de transportes Unipost para enviar cartas a los miembros de las mesas electorales y para tarjetas censales del referéndum ilegal del 1-O, según afirma la Guardia Civil.

En un informe remitido al Tribunal Supremo, la Guardia Civil apunta que la cantidad gastada en estos conceptos está "aún por determinar", pero añade que se sitúa "sobre los 979.661 euros (sin IVA)".

También reitera que se calcula que el Govern de Carles Puigdemont gastó otros 502.639 euros, sin IVA, en publicidad en los medios de la convocatoria.

"Se continúan realizando gestiones para determinar el coste del referéndum del 1-O", añade el instituto armado en su informe del pasado 1 de febrero.

A este respecto, la interventora general de la Generalitat concluyó que los contratos firmados por la administración catalana con Unipost responden a "servicios postales ordinarios propios", no vinculados a "la financiación de ninguna actuación ilegal ni contraria a las decisiones de los tribunales".

En este sentido, la Guardia Civil dice en el informe que la asesoría jurídica de la Generalitat informó al juzgado de instrucción 13 de Barcelona (que investiga también el referéndum) de que "en ningún departamento de la Generalitat se ha producido coste económico en relación con el referéndum" y considera que esa afirmación "se contradice con las actuaciones que se están llevando a cabo, en las que se verifica que efectivamente sí se ha producido este coste", poniendo como ejemplo esos dos conceptos.

El informe explica que otra de las líneas de investigación de la financiación de la consulta es el Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña, conocido como Diplocat.

La Guardia Civil hace referencia a cuatro transferencias relacionadas con el Diplocat, por un total de 159.700 euros, que se hicieron a Bruselas y a la delegación del Govern en Croacia.

En el caso de Bruselas, se trató de dos transferencias por un total de 119.700 euros hechas el 21 de septiembre y el 9 de octubre de 2017 con el concepto de "contrato de servicios" en las que figuraba como beneficiario The Hague Center for Strategic Studies.

La Guardia Civil señala que "numerosas fuentes" señalan a esta sociedad radicada en los Países Bajos "como la entidad que financió la presencia de una serie de personas para ejercer como 'observadores internacionales' en el referéndum del 1-O".

Estas transferencias se hicieron desde la cuenta de la Delegación de la Generalitat ante la Unión Europea, que dirigía entonces Raúl Romeva, y concretamente las ordenó Amadeu Altafaj, representante ante la UE y director de esa entidad que fue cesado en aplicación del artículo 155.

Altafaj afirmó al juzgado que estas cantidades no responden a gastos de financiación de ninguna actuación ilegal ni contraria a las decisiones de los tribunales, pero la Guardia Civil insiste en que pudieron ser empleadas en pagar gastos de avión y alojamiento de esos "observadores internacionales".

Además, el informe sospecha de otras dos transferencias de un total de 40.000 euros hechas el 12 de septiembre y el 9 de octubre a la Delegación de la Generalitat en Croacia, que se conoce como la embajada catalana en ese país, con el concepto "Delegación Croacia".

En el documento, la Guarcia Civil pide al juez del Tribunal Supremo que instruye la causa por el 1-O que cite como testigo a Altafaj para que aclare esas transferencias.