Investigadores
Juan, Jesús y Julia, investigadores del Centro madrileño de Biología Molecular Severo Ochoa. ELENA BUENAVISTA

La formación de Jesús es de libro: dos carreras, un máster y, en un año, también la tesis doctoral. Sin embargo, él mejor que nadie sabe que un expediente ejemplar no garantiza una buena nómina. Cobra, gracias a una beca de La Caixa, 1.500 euros al mes por investigar enfermedades neurodegenerativas como el alzhéimer, y se considera un "privilegiado" porque la mayoría de sus compañeros de laboratorio rozan por los pelos los 1.000. Este último es el precio que fija el Estado para los investigadores predoctorales en España, en cuyas manos podría estar la cura contra el párkinson o el cáncer. "El salario es indigno de acuerdo a la formación", sostiene este madrileño de 35 años.

Pero lo cierto es que el colectivo predoctoral en España (como se conoce a los que dedican cuatro años de su vida a hacer una tesis con el fin de acceder al título de doctor) ha alzado la voz y no precisamente para exigir una subida salarial. Son decenas de miles (solo al año se presentan 10.500 tesis) y llevan meses de negociaciones con la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación (Seidi) para la elaboración de un Estatuto que articule y regule sus derechos, hasta ahora en un limbo legal.

Sus peticiones son muchas, pero líneas rojas tienen tres: derecho a indemnización, supresión de la palabra "formación" en los contratos y equiparación salarial para que en toda España las ayudas alcancen, como mínimo, los 1.000 euros. Y es que según el organismo que las conceda, el salario varía. Si bien el Ministerio de Educación (para predoctorales de formación de personal universitario, FPU) y el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (para predoctorales de formación de personal investigador, FPI) fijan unas ayudas de 16.422 euros brutos anuales en 14 pagas, las que conceden las universidades o las autonomías pueden ser superiores o inferiores. En los peores casos, de 600 euros, una cantidad insuficiente si se quiere pagar un piso, por ejemplo, en Madrid

Ninguna de las tres reivindicaciones, no obstante, aparece reflejada en el último borrador (el sexto ya) enviado a principios de febrero por la Agencia Estatal de Investigación, al que ha tenido acceso 20minutos. Nueve meses de peticiones han caído en saco roto; ahora vuelven a la casilla de salida. "Estamos muy descontentos porque no recoge ninguna demanda del colectivo. Es como el primero que nos mandaron y nos parece muy grave", explica a este medio el presidente de la Federación de Jóvenes Investigadores, que tilda de "tomadura de pelo" el documento. "Los nueve meses de esfuerzo no han servido para nada", añade. "En la reunión de noviembre aceptaron la propuesta del salario, pero en el último borrador nos han dicho que no", dicen fuentes cercanas a la negociación. Desde la Seidi aseguran, sin embargo, que pronto se volverán a reunir con ellos para seguir analizando las demandas del colectivo.

Por el momento, el borrador tira por tierra la equiparación salarial y establece un sistema de porcentajes para calcular el sueldo tomando como referencia una figura equivalente, el ayudante no doctor, que, desempeñando las mismas funciones, cobra (en los mejores casos) un 25% más que ellos. Igualar su sueldo a esa figura será, según la Federación, la siguiente batalla, que todavía ven muy lejos. Los porcentajes que desliza la Seidi en el borrador —sugeridos por la Ley de la Ciencia— oscilan entre el 50 y el 75% de la remuneración del ayundante no doctor. De aprobarse el Estatuto (se conoce como EPIF), los perjudicados serán los futuros investigadores, ajenos al trasiego de las negociaciones. "El que viene detrás de la carrera no sabe lo que está pasando", critica una investigadora de enfermedades mitocondriales.

Pero no solo eso. El documento provisional habla en todo momento de contratos "en formación", lo que implica que los predoctorales pierden así cualquier derecho a cobrar una indemnización. "Ellos entienden que esta etapa tiene un carácter formativo porque se piensan que no tenemos un trabajo. Por un lado nos formamos, pero somos trabajadores a tiempo completo y completamente autónomos, incluso tenemos gente a nuestro cargo", defienden desde la Federación. "Estamos en guerra siempre porque nos quieren poner como estudiantes para quitarnos derechos", critican las asambleas.

Esa pérdida de derechos ya la vivieron en primera persona hace precisamente un año, cuando el Estado les cambió el código de los contratos sin avisar. "Yo me enteré por la televisión", cuenta Jesús. Tanto él como sus compañeros pasaron de tener un contrato de obra y servicio ("trabajadores de pleno derecho") a uno en prácticas ("becarios"), perdiendo, entre otras cosas, la tarjeta sanitaria europea y el derecho a cobrar el paro o a cotizar para una futura pensión. Después de una breve lucha mediática, recuperaron su condición de empleado y fue entonces cuando las asambleas de todo el país aunaron fuerzas para presionar al Estado y conseguir el Estatuto que ahora negocian y que en realidad llega con seis años de retraso, puesto que la Ley de la Ciencia de 2011 se comprometió a articularlo en 2013.

Cerebros exiliados

El problema para la FJI es que el documento pretende aprobarse en una situación de "precarización del sector" y de "exilio masivo de los investigadores" (Según un observatorio de la Comisión Europea, España perdió 12.000 científicos desde 2010). Es posible que Juan, uno de esos genios que roza por poco el mileurismo, se vea obligado a seguir esa estela si no quiere dar carpetazo a la investigación. Le gustaría seguir en el laboratorio, pero lo ve muy complicado. "Sería lo ideal, pero conseguir financiación en España es difícil. No se invierte lo suficiente en ciencia".

El Estado le ha pagado la carrera de Biología, el máster y ahora cobra la ayuda de los predocs. En definitiva, el Gobierno ha invertido diez años en él. "Pagan tu formación para que con 30 años nos vayamos. Hacen muy difícil que te quieras quedar", se lamenta. "Es una pena con lo que valen estos chicos que no se les contrate. Al final se tienen que ir", suscribe Almudena Hernando, Responsable de Relaciones Institucionales del Centro madrileño de Biología Molecular Severo Ochoa, para quien este año está siendo peor que los tiempos de la crisis: "Este año 13 grupos de investigación se han quedado sin financiación. Pagas al funcionario, el mantenimiento del laboratorio, pero no das un duro en investigación".

El Ministerio de Economía no opina igual. En 2016 concedió 968 ayudas, lo que supuso una inversión de 90,7 millones, 20 millones más que en 2011, mientras que el Ministerio de Educación emitió 850 ayudas. "También se les paga la Seguridad Social, las estancias breves fuera de España, los gastos de tasas de matriculación...", señalan desde la Seidi.

Jesús discrepa. Para él también es insuficiente esa inversión. Sobre todo por la dureza con la que ataca la incertidumbre cuando se acaba la ayuda predoctoral. Entonces llega la vida después de la tesis. A un año de acabarla, y siendo consciente de lo "difícil que es encontrar un puesto en España", se pregunta si haberse metido de lleno en la investigación fue "la mejor decisión", aunque a sus 35 años empieza a tenerlo claro: "No querría que mis hijos trabajaran de esto".