Ha salido usted de una oficina bancaria con una hipoteca firmada, dieciocho pliegos de papeles, tres direcciones electrónicas apuntadas en el margen de un cuaderno y la promesa de su agente bancario de que ha hecho un buen negocio. En realidad, cuando llega a casa, lo que hace es cruzar los dedos porque a usted, eso de "tasas medias de referencia de tipos interbancarios" o "tipo anual equivalente", la verdad, no acaba de entenderlo.

El pleno del Congreso va a empezar a denatir este martes un pacto estatal de contratación en el consumo —impulsado en noviembre por la asociación de usuarios Adicae y traducida ahora por el PSOE en una Proposición de Ley— que quiere solucionar, precisamente, que usted tenga que cruzar los dedos y abandonarse a la suerte a la hora de hipotecarse, suscribir un seguro, abonarse a una eléctrica o aceptar la oferta de una compañía telefónica.

"Transparencia no solo dar más información", ha explicado este lunes Manuel Pardos, presidente de Adicae. "Una ley de transparencia en los contratos permitiría al usuario defenderse de la publicidad e información engañosa que ahora ofrecen, por ejemplo, a quien acepta una hipoteca fijo-variable, que pagarán más los primeros cinco años al aplicarse ahora un tipo fijo... y seguirán pagando más cuando los tipos suban y se convierta en variable".

Tampoco volvería el Supremo a considerar que un cliente "atento y perspicaz" debería haber buscado en Internet el significado de contratar una hipoteca referenciada al índice IRPH —como dijo el alto tribunal en una reciente sentencia que supuso un mazazo para un millón de afectados— porque con esta ley, según propone Adicae, se articularían mecanismos para que el ciudadano supiese las consecuencias de lo que ha contratado.

Y es que el concepto manejado va más allá de la transparencia. Se denomina "transparencia material" y trata de asegurar que el usuario no solo recibe la información, sino que la comprende. "Con una ley así, no volveríamos a ver problemas judiciales masivos como ha sucedido con las cláusulas suelo o las preferentes", dice Pardos, que lamenta que la banca "no quiere oir hablar de transparencia, solo de información, información e información".

"La mera transparencia no debe servir para validar los abusos", apunta el registrador de la propiedad Carlos Ballugera. "Por mucho que un contrato hipotecario diga en una cláusula que los intereses de demora por impago se elevan al 40%, esa supuesta transparencia no debe obviar el carácter abusivo de esta cláusula".

Por supuesto, al consumidor siempre le queda la Justicia. Así lo han hecho los afectados por las cláusulas suelo, preferentes, IPRH o multidivisa. Pero no deja de ser un engorro judicial y un esfuerzo de tiempo que no todos los consumidores pueden hacer. "El juzgado no puede ser el único medio para declarar la nulidad de una cláusula ilegal", dice Pardos. De ahí que la ley que propone Adicae y que el PSOE lleva mañana al Congreso tenga un carácter preventivo para evitar los abusos antes de que se cometan y salir así de la antigua doctrina del 'vicio de consentimiento'.

El objetivo final, según Adicae, es hacer de España un país modélico en la transparencia de los contratos que firmamos a diario con los bancos, las eléctricas, las operadoras telefónicas o cualquier tipo de empresa de consumo. De este modo, dicen, se protegería al ciudadano, mejoraría la confianza en las empresas y se daría un impulso a la economía española.

"Es necesario conseguir que la doctrina del Supremo sobre transparencia en la contratación se haga norma y principio general de derecho", asegura por su parte Patricia Suárez, presidenta de Asufin, otra asociación de usuarios de servicios financieros, que da la "bienvenida" a esta propuesta y "apoyo abierto".