Francisco Javier Guerrero
El ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, en la séptima sesión del juicio de los ERE. JOSÉ MANUEL VIDAL/EFE

El ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Francisco Javier Guerrero se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar en el juicio que celebra la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla contra los expresidentes de la Junta Manuel Chaves yJosé Antonio Griñán y 22 ex altos cargos del Gobierno andaluz por el procedimiento específico por el que se concedían las ayudas de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, que se ha retomado este lunes tras la resolución por parte del tribunal de las cuestiones previas.

Pasadas las 10,30 horas ha comenzado la séptima sesión de la vista oral con el interrogatorio del ex director general de la Junta, que se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar, expresando del mismo modo que no va a contestar a ninguna pregunta de las partes, salvo a las que su abogado, Francisco de Pablo, considere oportuno realizarle.

De esta manera, Guerrero no ha ratificado sus primeras declaraciones ante la Policía Nacional en marzo de 2011 y la Guardia Civil en enero de 2012 alegando haber sufrido una "tremenda presión mediática y de la Policía".

Previamente, la la Fiscalía Anticorrupción había solicitado a la Sala dar lectura a las declaraciones prestadas por Guerrero ante la Policía y Guardia Civil y en fase de instrucción en marco de la investigación abierta por los expedientes de regulación de empleo irregulares. El tribunal, presidido por el magistrado Juan Antonio Calle Peña, ha accedido a esta petición de la Fiscalía.

Tras la lectura de la primera declaración, realizada en marzo de 2011 ante la Policía, De Pablo ha cuestionado a su cliente si ratificaba la misma, a lo que Guerrero ha afirmado que "no", alegando que cuando la hizo "tenía una presión tremenda mediática y de la policía para que declarara".

"No la voy a ratificar", ha reiterado, añadiendo que la declaración leída "no recoge exactamente lo que dijo textualmente" en algunas cuestiones. Igualmente ha alegado los mismos motivos para no ratificar la segunda declaración realizada ante la Guardia Civil el 26 de enero de 2012 tras ser preguntado por su abogado una vez que ha concluido la lectura por parte del tribunal.

Antes de que fuera llamado a declarar Francisco Javier Guerrero los abogados de los 22 ex altos cargos de la Junta han mostrado su protesta por la admisión de nuevas pruebas solicitadas por la acusación y por el rechazo de las cuestiones previas planteadas por las mismas por parte del tribunal de la Sala en el auto notificado el pasado viernes, 9 de febrero.

Además, el abogado del ex interventor general de la Junta Manuel Gómez ha solicitado que su representado pueda ausentarse de las sesiones por cuestiones de salud después de haber sufrido una lesión en sus miembros inferiores, petición admitida por el tribunal.

Responsabilidad civil

Por otro lado, la Audiencia de Sevilla ha rechazado la solicitud de la acusación ejercida por el PP-A de reclamar 741 millones de euros en concepto de responsabilidad civil a los 22 procesados.

En una providencia, con fecha de 9 de febrero de 2018, el tribunal señala que "no ha lugar a lo solicitado, dado que la acusación popular no está legitimada para solicitar responsabilidad civil, que sólo puede ser reclamada por el ofendido o perjudicado y por el Ministerio Fiscal, conforme a lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal". "Contra la presente resolución no cabe recurso, sin perjuicio de que la cuestión pueda ser reproducida, en su caso, en el recurso frente a la sentencia", según añade la Audiencia.

De esta manera se rechaza la petición realizada por el PP-A en un escrito presentado recientemente ante la citada Sección Primera, en el que expresaba que "desiste" de su solicitud de "tener por no puesta" la exigencia de responsabilidad civil para los procesados ejercitada en el escrito de acusación de esta acusación popular a fin de "ejercer con todas sus consecuencias la acción civil derivada de los delitos que son objeto de la acusación en defensa de los derechos de la Hacienda Pública andaluza y los andaluces en general".

Además, añadía el PP-A que en consecuencia, "con modificación del importe exigible", tenga por ejercitada la acción civil ex delito contra todos los acusados, que "deberán responder de manera solidaria de los daños y perjuicios ocasionados a la Hacienda Pública Andaluza, en la cantidad total de 741.596.575 euros, fijada en su día por el Ministerio Fiscal, que se corresponde con el importe total de las transferencias de financiación realizadas al Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posteriormente, Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) con cargo a los programas presupuestarios 22E y 31L".

A este respecto, la Fiscalía planteó, entre sus cuestiones previas, "dejar sin efecto" su petición de responsabilidades civiles a los 22 ex altos cargos del Gobierno andaluz. En este sentido, el abogado del PP-A, Luis García Navarro, durante las sesiones del juicio en las que las partes respondieron a todas las cuestiones previas planteadas, expresó su renuncia a pedir la reclamación de la responsabilidad civil de los acusados, ya que, según expuso, "la acusación pública y la particular "no estamos legitimados".

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