Dentro de ese bloque, las reclamaciones relacionadas con la hostelería y el ocio representaron un 37 por ciento, la telefonía un 33 por ciento, la banca un ocho por ciento, las compañías aseguradoras un 7,25 por ciento y las eléctricas un 5,7 por ciento.

Las principales quejas en el sector energético responden a facturas desproporcionadas y ofertas comerciales engañosas, mientras que en el sector de las telecomunicaciones la mayoría de las denuncias estuvieron motivadas por la facturación de servicios no solicitados y la aplicación de penalizaciones abusivas. En la banca, las reclamaciones tuvieron como denominador común el cobro de comisiones.

El edil responsable de Comercio ha indicado que los ciudadanos "están siendo más conscientes de sus derechos como consumidores, por lo que cada año se incrementa el número de reclamaciones presentadas en este departamento municipal".

Al respecto, Vílchez ha subrayado que desde la OMIC se pretende dar "una respuesta eficaz a las necesidades de ayuda" y ha recordado que los ciudadanos disponen de distintas vías para la resolución extrajudicial de conflictos tales como el arbitraje, y las mediaciones entre clientes y empresas que gestiona la delegación de Comercio a través de su plataforma de consumo.

Desde la delegación municipal de Comercio, ejerciendo su función informadora, se aconseja ser ordenados con las facturas y tíckets de compra ya que son esenciales para efectuar después las reclamaciones entre empresa y usuario, así como conocer los sistemas de devolución y los plazos.

"Si a pesar de estas precauciones -ha continuado- los derechos de los consumidores se ven lesionados, existen diversas vías para reclamar, que serán gestionadas desde la Oficina Municipal de Información al Consumidor".

Por otra parte, el edil de Comercio ha afirmado que "la oficina del consumidor presta un servicio totalmente gratuito para el usuario que muchas veces se ve impotente ante la burocracia que exigen muchas compañías para plantear cualquier reclamación".

En este sentido, ha informado de que las quejas que no se resuelvan mediante la mediación se llevan a las juntas arbitrales de consumo, también, de manera gratuita. Este proceso ofrece plenas garantías para el usuario porque la resolución de dichas juntas son vinculantes y deben acatarse por ambas partes.

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