En este sentido, ha criticado que "a este anteproyecto le falta concreción, se extralimita al abordar las competencias y la autonomía municipal, aleja los servicios de los ciudadanos, no se analiza su coste económico ni se dice cómo va a ser la financiación, va a tener repercusiones negativas importantes en determinados puestos de trabajo y se ha realizado sin buscar el consenso".

Yolanda Ibáñez, también alcaldesa de Milagro, ha ofrecido una rueda de prensa para analizar la reforma del mapa local acompañada por los parlamentarios regionalistas que forman parte de la Comisión de Desarrollos Rural, Medio Ambiente y Administración Local, Luis Casado y Mari Carmen Segura.

Ibáñez ha asegurado que el anteproyecto de ley presentado por el Gobierno foral "apenas define nada, es un ejemplo más del Gobierno de Barkos, que solo da titulares para que parezca que resuelven algo pero la realidad es la inacción".

En concreto, sobre el anteproyecto, la dirigente la regionalista ha señalado que "el Gobierno pretende llevar a cabo la división territorial en once comarcas mediante una ley foral, pero deja la concreción de la reforma del mapa local sobre una futura legislación específica". "Por tanto, deja sin resolver las muchas preguntas", ha indicado.

Para Ibáñez, esto "genera a las administraciones locales una situación de indefinición, indefensión e incertidumbre que resultan inaceptables".

Por otro lado, UPN ha criticado que "no determina quién asume buena parte de las competencias" y que "está sin determinar cómo se financian esas competencias o cómo van a funcionar cada una de las comarcas".

Igualmente, Ibáñez ha asegurado que "tal y como está planteada la reforma atenta directamente contra la autonomía municipal y supone la pérdida de competencias por parte de las entidades locales". "De acuerdo con el anteproyecto se atribuyen a las comarcas la prestación de servicios y materias reservadas por normativa básica del Estado a los municipios, no respetando el principio constitucional de autonomía municipal", ha explicado.

Asimismo, Ibáñez ha valorado que "el anteproyecto plantea la disolución de las mancomunidades por ley foral", por lo que "no se tiene en cuenta lo establecido en la normativa básica del Estado, porque las causas de disolución de las mancomunidades son las que se recogen en sus estatutos, de acuerdo con lo establecido en la normativa foral y nacional".

Además, ha resaltado que "los Concejos y Ayuntamientos de menos de 1.500 habitantes están abocados a su desaparición, ya que pierden todo el poder administrativo y de control, quedándose sin competencias".

DUDAS RESPECTO A LA FINANCIACIÓN

Por otra parte, la secretaria general regionalista se ha cuestionado "cómo se resuelva la financiación de la nueva ley" y "cuál va a ser el coste económico que va a tener esta reforma". "Desconocemos ambas cosas y son asuntos preocupantes y prioritarios para alcanzar un acuerdo", ha añadido.

En este sentido, Ibáñez ha asegurado que "no hay nada cuantificado". "No sabemos cuál es el coste de la sunción de competencias por las comarcas, desconocemos el coste de la desaparición de las Mancomunidades o las agrupaciones de servicios, no sabemos el coste de subrogación de personal, y desconocemos quién y cómo se asumen las deudas mancomunadas hasta ahora en las nuevas comarcas", ha comentado.

A este respecto, ha manifestado que "no podemos olvidar que la Ley de racionalización de la Administración local impide la delegación de competencias a un coste mayor al que se está prestando, por lo que el sistema de financiación de esta reforma debe estar totalmente definido para su aprobación".

En otro orden, Ibáñez ha indicado que "si esta reforma saliera adelante va a tener efectos negativos sobre el empleo en la Administración". "Va a afectar negativamente a secretarios e interventores de ayuntamientos, que llevan trabajando años con la consiguiente pérdida de conocimiento y potencial humano", ha añadido.

Del mismo modo, ha criticado que "esta reforma del mapa local se ha realizado sin consenso". "El consenso es negociar no imponer, y no ha habido voluntad real de acuerdo", ha asegurado.

Por ello, UPN ha señalado que "la reforma que se debe afrontar en Navarra debe partir de un consenso y debe mejorar los servicios a los ciudadanos, a un menor coste, y que mantenga la autonomía municipal de las entidades locales".

Por último, Ibáñez asegurado que "UPN tiende la mano al Gobierno de Navarra para sentarnos e intentar consensuar las competencias que tienen que asumir los Ayuntamientos, buscar conjuntamente la financiación, encontrar puntos de encuentro y soluciones al personal afectado". "Navarra necesita una reforma concreta, debatida, consensuada, que ordene el mapa local, que apoye la administraciones locales y que las haga más eficientes", ha concluido.