El joven investigado, que tiene antecedentes policiales por hechos similares, ha estafado presuntamente durante 2017 a por lo menos siete personas en toda España por un valor superior a los 23.000 euros, según detalla en una nota el Instituto Armado.

Esta operación se inició el pasado diciembre, cuando un individuo denunció ante la Guardia Civil haber sido estafado en la compra de unas autorizaciones para cazar machos de cabra montés.

La víctima denunció que es gestor cinegético, que andaba buscando dichas autorizaciones para unos clientes y que el pasado mes de noviembre las encontró en una conocida página de compraventa de Internet a 1.500 euros cada una. Que se puso en contacto telefónico con el vendedor y acordaron la compra de cinco autorizaciones por 5.000 euros y una reserva previa de 1.000 euros.

Firmaron un contrato y el denunciante un día después ingresó el dinero acordado en una cuenta a nombre de la mujer del vendedor. Una semana después del ingreso del dinero, la víctima supo a través de un foro de caza de Internet que podía haber sido estafado.

Otros cazadores de diferentes provincias españolas alertaron al denunciante que habían sido estafados antes por el ahora investigado. El denunciante llamó al vendedor para exigir el número de autorización de las los permisos de caza acordados y éste comenzó a darle evasivas.

La sospecha de haber sido estafado fue aún mayor cuando la víctima se puso en contacto con el coto donde supuestamente se iba a realizar la cacería y allí le dijeron que no conocían al vendedor de las autorizaciones y que, por tanto, dichos permisos eran falsos. La víctima ha intentado infructuosamente que el investigado o su mujer le devolvieran los 1.000 euros pagados, sin conseguirlo.

Tras la denuncia, el equipo de delitos telemáticos de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Granada se hizo cargo de las pesquisas.

Sus agentes han comprobado la existencia del anuncio de venta de las falsas autorizaciones de caza y que había otras seis víctimas más por toda España que habían sido presuntamente estafadas por el investigado por un valor de 22.000 euros.