Francesco Arcuri, el excompañero de Juana Rivas, llega al juzgado de Granada
Francesco Arcuri, el excompañero de Juana Rivas, llega al juzgado de Granada EUROPA PRESS

Francesco Arcuri, que ejerce la acusación particular en el proceso penal contra Juana Rivas, ha pedido cinco años de prisión para su expareja por la sustracción de sus dos hijos, además de la pérdida de la patria potestad durante ocho años y que lo indemnice con 30.000 euros por daños materiales y morales.

En su escrito de acusación, presentado este martes, considera a la vecina de Maracena (Granada) autora de dos delitos sustracción de menores y, subsidiariamente, de un delito de desobediencia de orden judicial por el que le solicitaría nueve meses de prisión.

La petición de cinco años prisión coincide con la formulada por la Fiscalía, aunque eleva la inhabilitación especial para la patria potestad al considerar que la "gravedad" de las acciones de Rivas y el "efecto" producido en sus descendientes la harían "merecedora de una respuesta ampliada" en ese caso.

Según el letrado que representa a Arcuri, Enrique Fabián Zambrano, el único interés que mueve a su cliente es el "superior beneficio de sus hijos" para que sigan con la "estabilidad y tranquilidad" que ahora mismo disfrutan y en el que debería haber sido parte Rivas.

"Los hechos protagonizados por esta desde mayo de 2016 son la muestra palpable de todo lo contrario, a pesar de lo que pretende manifestar en su paseo por los medios", señala el abogado en un comunicado remitido a Efe.

"Conducta ilícita"

En el escrito se recoge un pormenorizado relato de hechos desde que Rivas viajó el 18 de mayo de 2016 junto a los dos menores "de nacionalidad italiana" que tiene con Arcuri, desde Carloforte (Italia), lugar de residencia de estos y donde estaban empadronados y escolarizados, con la "aparente intención" de pasar unos días de vacaciones en Maracena (Granada).

Su día previsto de vuelta era el 27 de junio de 2016, conforme a los pasajes de avión adquiridos por Rivas, aunque llegada esa fecha esta se excusó con Arcuri en una "situación pasajera de enfermedad" de los menores, rehusó volver al domicilio familiar y posteriormente alegó que no podía retomar la relación con el padre.

"La ilícita conducta de Rivas, desde el 18 de mayo de 2016 hasta el 26 de julio de 2017, consistía en haber trasladado el domicilio de sus dos hijos a otro país sin consentimiento del otro progenitor, imponiendo una custodia de hecho a su favor", señala la acusación.

Esa parte añade que, no contenta con mantener la situación "inconsentida" por el padre durante más de un año e incumplir la orden judicial, Rivas mantuvo "voluntaria, deliberada e injustificadamente", con la "completa seguridad" de que fue ayudada por terceras personas, en paradero desconocido a sus hijos hasta que los entregó el 28 de agosto de 2017 en la Guardia Civil.

La acusación particular sostiene que este proceder ha supuesto un evidente perjuicio personal y económico a Arcuri y alude a las incontables actuaciones en medios de prensa por parte Rivas o en su nombre terceras personas "amparadas en la aparente justificación de lo que estaba haciendo y desacreditándolo públicamente".

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