La eliminación de caracolas en los centros educativos andaluces avanza a un ritmo superior al previsto. La Consejería de Educación se comprometió a principios de este año a suprimir un total de 181 aulas prefabricadas en la comunidad antes de que finalizara 2017 y a finales de noviembre la cifra de elementos de este tipo retirados ascendía a 185, según los datos facilitados por la consejera del ramo, Sonia Gaya. Cifra a la que hay que sumar los 206 módulos portátiles que se eliminaron entre septiembre de 2015 y todo el año 2016 completo.

Pese a este esfuerzo, el curso 2017-2018 comenzó el pasado septiembre con un total de 230 caracolas repartidas por seis de las ocho provincias andaluzas (todas menos Córdoba y Jaén). Estas aulas están instaladas en 132 centros de la región. Algunos de ellos cuentan con varios módulos y dos de ellos, incluso, hasta con seis cada uno: el colegio Nuestra Señora de los Remedios de Ambroz (Granada) y el instituto Lauretum de Espartinas (Sevilla). Almería es la provincia con más centros afectados (35), seguida de Málaga (30), Sevilla (29), Cádiz (18), Granada (12) y Huelva (8).

La Junta ha señalado que a las 230 caracolas existentes se suman otras 20 que se han tenido que instalar este curso, 14 de ellas debido a la realización de obras en los centros afectados y las seis restantes, por necesidades de escolarización. En este caso, es Sevilla la provincia que más nuevas aulas prefabricadas acoge este año, con un total de ocho, repartidas entre Alcalá de Guadaíra, Bormujos, Espartinas, Gelves y Pilas; en Málaga se han instalado siete (Cancelada, Mijas, Cártama, San Pedro de Alcántara y la capital); cuatro en Almería (El Ejido, Níjar y Almería capital); y una en Granada (Alhendín).

El Ejecutivo andaluz ha señalado que estas instalaciones son un recurso "temporal útil" para cuando no es posible, por la ejecución de obras u otras circunstancias, alojar al alumnado en las instalaciones definitivas del centro.

El Plan de Infraestructuras Educativas 2017-2018 contemplaba una inversión de 155,6 millones de euros para un programa que incluye 267 proyectos de construcción, ampliación y reforma de centros docentes y la retirada de las 181 caracolas previstas inicialmente. El departamento de Gaya ha asegurado que la Agencia Pública Andaluza de Educación va a mantener el "esfuerzo inversor" para lograr eliminar la totalidad de las aulas prefabricadas que hay en los centros que dependen de la Administración autonómica.

Por otro lado, Educación ha completado desde el verano de 2016 un total de 116 actuaciones para la retirada de fibrocemento (amianto) en colegios e institutos de la región, lo que supone el 52,7% de los 220 centros que se censaron con este problema. El plan para la retirada de amianto que aprobó la Junta en julio del pasado año incluía una inversión de 60 millones de euros y un horizonte temporal situado en 2022. De cumplirse este plazo, Andalucía eliminará el amianto en todos los centros seis años antes de los recomendado por la Unión Europea.

El mencionado plan se estructura en dos fases. Una primera, entre 2016 y 2020, con un coste de 40 millones de euros, en la que se elaborará un registro de instalaciones, tanto de titularidad municipal como autonómica, para actuar en ellas: escuelas infantiles, colegios de Infantil y Primaria, institutos de Secundaria, centros de Educación Especial, Escuelas Oficiales de Idiomas, centros de enseñanzas artísticas y residencias escolares.

La segunda etapa, entre 2021 y 2022, se centrará en el resto de instalaciones que pueda haber afectadas. Educación ha señalado que las actuaciones que ya se han llevado a cabo se han desarrollado "con absoluta normalidad y más por prevención que por riesgo para la salud". Cabe recordar que estas obras se realizan durante el verano para que no afecten al desarrollo del curso escolar.

La Consejería también ha llevado a cabo una labor de información a la comunidad educativa sobre el material, los procedimientos y la situación específica de los colegios, insistiendo a todos sus miembros en que está prohibida la fabricación, comercialización y uso de estos materiales, si bien no hay una obligación legal de retirar los que ya están instalados ni un plazo para dicha eliminación.

Dentro de dos semanas, el Gobierno andaluz tiene previsto aprobar el programa correspondiente a 2018 tanto para la retirada de amianto como para la eliminación de aulas prefabricadas.