Así, y en declaraciones a Europa Press, Maeztu ha mostrado su "preocupación" por esta decisión de ubicar a personas extranjeras en un centro penitenciario, algo "prohibido" por la legislación española, a diferencia, ha dicho, de lo que ocurre con los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), establecimientos públicos de carácter no penitenciario.
Por su parte, la Oficina del Defensor del Pueblo Estatal ha señalado que está "vigilante" para que "se garanticen los derechos de estas personas" internadas, toda vez que ha apuntado que ya han comenzado a recibir las primeras quejas sobre este asunto, a las que, como es habitual, dará trámite.
En este sentido, la organización Andalucía Acoge, que ha exigido al Gobierno la "inmediata" puesta en libertad de estos extranjeros, también ha avanzando este martes que presentará una queja al Defensor del Pueblo.
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