El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha decidido este martes declarar legal la huelga general convocada para el próximo miércoles en Cataluña por parte del sindicato independentista Intersindical-CSC.

De esta manera, desestima la demanda presentada por la patronal Foment del Treball, que solicitaba ilegalizar la protesta al haberse convocado por motivos políticos y no laborales.

El sindicato Intersindical-CSC registró inicialmente el preaviso para llevar a cabo una huelga entre los días 30 de octubre y 9 de noviembre, aunque finalmente explicó que el paro se realizaría el próximo miércoles (8-N).

Argumentó como motivos principales de la protesta "la regresión experimentada en los derechos laborales, la precariedad, la falacia de la salida de la crisis y la reclamación de la derogación del decreto del Gobierno que facilita el cambio de sede social de las empresas".

La Sección Segunda de la Sala Contenciosa considera que no tiene la competencia para decidir sobre la cuestión y opina que corresponde a la Sala Social, responsable de los conflictos laborales. A pesar de ello, el pasado 10 de octubre, la Sala Social del TSJC dictaminó justo lo contrario, al considerar que era la Sala Contenciosa-Administrativa la que tenía que resolver sobre el recurso presentado por Foment del Treball contra otra convocatoria de huelga general.

En su interlocutoria, los cuatro magistrados recuerdan que Foment no impugna ninguna orden administrativa concreta, como podróa ser la que fija los servicios mínimos. También recuerda que Foment no ha reclamado ante la administración antes de interponer el recurso judicial, como es obligatorio en el caso de la jurisdicción contencioso-administrativa, sino que planteó una demanda de conciliación, como se hace en la jurisdicción social-laboral.

Fuentes de la Intersindical-CSC ya han dicho que la huelga sigue adelante. Foment del Treball presentó el pasado lunes a última hora de la mañana una demanda de procedimiento colectivo para que se declarase "ilegal" la huelga general. Foment solicitó también  medidas cautelares previas a la interposición de la demanda con el objetivo de "paralizar la huelga", así como la declaración de responsabilidad por daños  perjuicios que se puedan derivar como consecuencia de su celebración.

El pasado 10 de octubre, la Sala Social del TSJC se declaró incompetente para suspender una huelga general como medida cautelar, como le pedía Foment en la causa abierta contra la Intersindical-CSC por la huelga del 11 al 16 de octubre, aunque finalmente el sindicato la acabó desconvocando. La patronal solicitó al alto tribunal que suspendiese la huelga, al considerar que era de "carácter político", "ilegal" y "abusiva".

En una interlocutoria, la Sala Social no entraba en el fondo de la cuestión y emplazaba a las partes a dirigirse a la jurisdicción contenciosa-administrativa para resolver el caso.