El Tribunal Constitucional suspenderá mañana la declaración unilateral de independencia (DUI) acordada por el Parlament el pasado 27 de octubre cuando admita a trámite el incidente de ejecución del Gobierno contra la misma, el cual invoca la obligación constitucional de anularla provisionalmente.

El incidente del ejecutivo ha sido registrado ya en el Tribunal Constitucional, que lo admitirá a trámite mañana en el pleno que tiene previsto celebrar.

La admisión a trámite conllevará automáticamente la suspensión de lo acordado por el legislativo catalán. Ello es debido a que, en el incidente de ejecución de sentencia, que considera que el Parlament desobedeció las resoluciones del Constitucional, se reclama la aplicación del articulo 161 de la Constitución.

Dicho artículo señala: "El Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las comunidades autónomas. La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses".

Además de la suspensión cautelar de los efectos del pleno del 27 de octubre, el incidente del ejecutivo solicita otras medidas que podrían conducir a una nueva denuncia del Constitucional, por desobediencia, contra los miembros de la Mesa del Parlament y ante la fiscalía.

El Gobierno urge al Tribunal Constitucional a anular la DUI de forma urgente y con "la mayor claridad y contundencia posible", ya que a su juicio "tiene evidentes efectos jurídicos y no meramente políticos", es decir, que pretenden culminar el proceso constituyente y, si no se anulan, "producirán efectos inmediatos".

Se refiere a la 'declaración de los representantes del pueblo de Cataluña' que "da efectividad a la declaración de independencia de la República de Cataluña" sobre la base de una declaración extraparlamentaria adoptada el 10 de octubre.

El Ejecutivo solicita al Constitucional que no se limite a "una mera declaración de nulidad" de ambas resoluciones, pues considera necesaria "contundencia" contra el "atentado más grave contra el orden constitucional".

"Las resoluciones impugnadas tiene por objeto un aspecto de la máxima gravedad y trascendencia constitucional, que no es otro que romper con la Constitución y el Estatuto de Cataluña", advierte el Gobierno, que ve en ambas resoluciones "evidentes efectos jurídicos y vinculantes".

Considera que "el Parlament se arroga un poder", el de proclamar una república, "que indudablemente carece en nombre del pueblo catalán, al que imputa la soberanía nacional", tacha de "antidemocráticas" todas sus decisiones al respecto y carga contra esta institución por "confiscar, sin ningún reparo, competencias estatales".