Una sentencia del Tribunal Supremo dictada el 16 de octubre de 2017 ha obligado a RTVE a revelar los costes de la participación de España en Eurovisión en el año 2015, cuando nuestra representante en ese festival fue la cantante Edurne.

La participación de RTVE en el Festival de Eurovisión de 2015 supuso la asunción de unos costes totales de 396.918,47 euros, según informa el ente público. Sólo el pago a la Unión Europea de Radiodifusión (UER) de los derechos de retransmisión de las dos semifinales y de la final ya significó un coste de 286.873 euros.

La sentencia por la que RTVE se ha visto obligada a dar esta información, algo a lo que no accedió mediante el silencio administrativo, partió de la reclamación presentada por un ciudadano particular.

La Corporación ha querido justificar ese desembolso de dinero público destacando en su comunicación los excelentes datos de audiencia obtenidos con la emisión del Festival de Eurovisión en los últimos años. En este caso, la final emitida el 23 de mayo de 2015 obtuvo un 39,3% de cuota de pantalla y 5.958.000 espectadores.

Casi 17 millones de espectadores (16.761.000), el 37,6% de la población, conectó con la final en algún momento de su emisión, que fue la primera opción en su franja, a gran distancia de la competencia, y supuso una de las emisiones más vistas del mes. Las votaciones fueron la emisión no deportiva más vista del año, con 7.079.000 espectadores y un 48,2% de cuota de pantalla.

La cantante Edurne no consiguió en aquella edición un buen resultado en Eurovisión, pues obtuvo 15 puntos, lo que supuso que quedar en el puesto 21 posición de un total de 27, con la canción Amanecer.

La sentencia del Tribunal Supremo es consecuencia del recurso de casación interpuesto por la Corporación RTVE ante la inexistencia de desarrollo reglamentario de la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, a fin de propiciar que el Alto Tribunal estableciera criterios acerca de la interpretación y aplicación de algunos preceptos de la Ley y, más concretamente, de algunas de las excepciones legalmente previstas para la denegación de la información pública solicitada.

La sentencia del Tribunal Supremo no impone las costas a ninguna de las partes del procedimiento.