El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, compareció este miércoles en el Congreso de los Diputados y reiteró, en su intervención para valorar los últimos acontecimientos del desafío soberanista en Cataluña, que el diálogo sólo cabe dentro de la ley, que la mediación no es posible entre la legalidad y la desobediencia o la ilegalidad y que no se puede parcelar, bajo ningún concepto, la unidad de España.

Para Rajoy, "el diagnóstico no admite muchas discrepancias": "Los gobernantes de Cataluña –resumió–, han perpetrado un ataque desleal y muy peligroso contra la Constitución, el Estatuto de Autonomía, la unidad de España y la convivencia pacífica". Y, ante ello, el Gobierno ha dado una "respuesta integral, ajustada a derecho y proporcionada" y ha iniciado la activación del artículo 155 de la Constitución.

"Es la respuesta que el señor Puigdemont la que marcará el futuro de los acontecimientos en los próximos días", advirtió el presidente del Gobierno, que prometió que seguirá "cumpliendo su obligación de defender la ley y la unidad de España" buscando "recuperar la concordia y la paz social". "Es hora de poner fin a este desgarro y hacerlo con prudencia y con el objetivo último de recuperar la convivencia", zanjó.

El presidente del Gobierno se mostró dispuesto a hablar sobre servicios públicos, financiación, autogobierno, rendición de cuentas e incluso sobre la Constitución. En ese sentido, el líder del PSOE, Pedro Sánchez, anunció este miércoles que ha pactado con Rajoy iniciar la reforma de la Carta Magna en seis meses. "También la Constitución se puede modificar. Todo es susceptible de ser dialogado, pero el diálogo es lo opuesto a la ilegalidad", dijo el presidente.

En su intervención, destacó una apelación al "catalanismo pactista e integrador, catalanista y europeísta", cuya "cooperación leal" dijo "echar de menos" el presidente del Gobierno. También admitió Rajoy que ha reclamado "un apoyo responsable y generoso" de los grupos políticos "dispuestos a defender la Constitución y la convivencia". "Importa mucho la unidad de los demócratas", apuntó.

Pero ese diálogo, y en esto Rajoy fue muy claro, sólo cabe con respeto a la legalidad. Porque "la democracia es inseparable del marco que la hace posible", compuesto por la ley y la Constitución, explicó, de modo que "la gestión eficiente de la convivencia exige un diálogo permanente bajo el paraguas de la ley". Así pues, "no es posible" aceptar un diálogo con el fin de imponer "puntos de vista unilateral" o "negociar sobre la titularidad de la soberanía".

Por eso mismo, argumentó, "no hay mediación posible entre la ley democrática y la ilegalidad", porque no se trata de dilucidar entre "diferencias de interpretación de la ley", que el Govern incumple a sabiendas. Y entre las cuestiones que no se pueden debatir, subrayó Rajoy, está la unidad de España. "La unidad de España es un bien común que no puede parcelarse", incidió el líder del Ejecutivo, que sentención que "España no se va a romper mientras no lo decidan así sus ciudadanos".

Finalmente, Rajoy dedicó una buena parte de su intervención a analizar cómo se ha llegado al actual escenario. En su opinión, es necesario remontarse a 2012, cuando en plena crisis económica el president Artur Mas reclamó un "concierto económico para Cataluña", sistema que "no tenía cabida en la Constitución ni podía ser afrontado por el resto de España". "Su respuesta fue que deberíamos atenernos a las consecuencias", recordó el presidente.

Desde entonces, sostuvo, el Gobierno de España siempre tuvo "disposición el diálogo", mientras los independentistas convocaron las elecciones de 2012, el "simulacro de referéndum de 2014", otras autonómicas en 2015 y se embarcó en una "huida hacia delante" que le llevó a "echarse en brazos" de la fuerza "más minoritaria y antisistema, las CUP", e incluso a aceptar "el sacrificio del señor Mas en la plaza pública".

"No pueden alegar que no se dialogó con ellos porque simplemente no es verdad. Ni son ciertas sus razones ni son tantos sus apoyos", zanjó Rajoy, que acusó a los independentistas de concebir una "estrategia deliberada para separar a Cataluña de España en contra de la mayoría de españoles" y de llevar adelante un "plan antidemocrático desde su origen".

El líder del Ejecutivo criticó duramente las sesiones del Parlament del 6 y el 7 de septiembre por su "deriva autoritaria y excluyente", y describió el 1-O como un "referéndum ilegal" que "fracasó rotundamente", pues el Estado fue capaz de "desarticular la organización logística". Rajoy agregó que "a nadie puede gustar lo que ocurrió el 1-O", pero dejó claro que los "únicos" responsables son quienes mantuvieron la convocatoria. "No busquen culpables distintos", imploró.

En su turno de réplica, Margarita Robles, la portavoz socialista, subrayó que el PSOE es un "partido de Estado" que siempre estará "en defensa de la legalidad y la Constitución", que fue "fruto del esfuerzo de muchas personas generosas" que pactaron "para construir un marco estable de convivencia". Sin embargo, agregó Robles, "una reforma constitucional es imprescindible" para que en ella sigan cabiendo "todos" los españoles.

La diputada subrayó que el PSOE está por el "diálogo en sede parlamentaria". "Por eso hemos planteado una comisión de estudio y reforma del marco territorial. Le pido a Rajoy, a su grupos y al resto de fuerzas que se incorporen a este proyecto de diálogo, porque no necesitamos más mediadores que nosotros mismos". Robles también afeó al presidente su tardanza en acudir a la Cámara: "Nos hubiera gustado que esta comparecencia la hubiera hecho el 2 de octubre", le dijo.

Por parte de Unidos Podemos, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, le dijo a Rajoy que el PP se equivocó al rechazar y recurrir al Tribunal Constitucional el Estatut de Cataluña hace ahora algo más de una década y le pidió no aplicar el artículo 155 de la Constitución. Iglesias también expresó que le gustaría que Cataluña siguiera en España y pronosticó que "eso sólo ocurrirá si se celebra un referéndum" pactado.

También tomó la palabra Xavier Domènech (En Comú Podem), que sostuvo que Puigdemont "ofreció diálogo" este martes y reclamó a Rajoy "diálogo" y "propuestas políticas". "Si no saben dialogar, márchense, ya no por Cataluña sino por el bien de España", concluyó el diputado. Alberto Garzón (IU), finalmente, pidió reformar la Constitución "contando con la gente" y que la solución venga de la mano del "diálogo y la negociación" y no de "jueces y policías".

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, subrayó en su intervención que es necesario ir a unas elecciones autonómicas en Cataluña para encontrar una salida a un "momento complejo". Esperar que Puigdemont vuelva a la legalidad, lamentó, es de ser "ingenuos", y negociar "con quienes están liquidando España" tampoco es la solución, comentó. "¿Si un golpista nos chantajea y logra privilegios, qué diría un español medio?", se preguntó.

Rivera agregó que España se enfrenta "al mayor reto, que es luchar contra la división y contra una ideología que pretende dividir a los españoles", y que es necesario imponer el respeto a la Constitución que desean "la inmensa mayoría de los españoles". Finalmente, recordó que "un millón de ciudadanos" salieron a la calle el pasado domingo en Cataluña, cuando la ciudadanía "silenciada" dijo "basta". "Les vamos a ganar en las urnas, votando", zanjó.

Los diputados de ERC y el PDeCAT acudieron al Pleno de este miércoles para dar la réplica a Rajoy. El portavoz de Esquerra, Joan Tardà, acusó a Rajoy de optar, entre la vía "democrática" y la "autoritaria", por esta última en la crisis catalana. También le reprochó estar dispuesto "a todo", incluso a "vulnerar derechos civiles", para frenar a los independentistas. "Al final ganaremos (...). Mediación, mediación, mediación y tenga claro que nunca daremos un paso atrás", concluyó.

La voz del PDeCAT en la Cámara Baja, Carles Campuzano, proclamó que "hoy todo el mundo sabe que Cataluña se ha ganado el derecho a tener su propio Estado" y criticó duramente la "innecesaria, gratuita e inadmisible violencia policial" del 1-O. Por el PNV, su portavoz, Aitor Esteban, también se sumó a la petición de que no se aplique el artículo 155 de la Constitución.