Mossos d'Esquadra
Mossos d'Esquadra, en una imagen de archivo. EUROPA PRESS

La Fiscalía Superior de Cataluña ha ordenado a los Mossos d'Esquadra precintar, antes del próximo sábado, los colegios designadas para acoger las urnas del referéndum del 1 de octubre e impedir que se pueda votar en la calle, en un "radio de seguridad" de 100 metros alrededor de esos centros.

En una orden dirigida al mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, la Fiscalía ordena a la policía catalana garantizar que no se pueda acceder a los locales que está previsto que acojan urnas y que se evite la constitución de mesas electorales mediante un "amplio dispositivo" policial.

La instrucción, que se ha notificado este martes a la policía catalana, establece que, en el marco de sus competencias, los Mossos d'Esquadra "podrán requerir el auxilio y colaboración de las policías locales" y, de no ser esta suficiente, apoyo a los efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

La orden indica a la policía catalana que deberá garantizar, mediante un precintado "visible y efectivo", el control de los locales designados como puntos de votación, "con antelación suficiente y en todo caso antes del día 30 de septiembre", desalojando a las personas que hubiera en el lugar e identificando a los responsables.

Los Mossos, sostiene la Fiscalía, deberán "garantizar la no constitución de las mesas" Por orden de la Fiscalía, los Mossos d'Esquadra deberán incautarse de los "efectos e instrumentos destinados a facilitar la votación, especialmente urnas, equipos informáticos, papeletas y documentación o propaganda electoral" y dar cuenta al ministerio público de las incidencias que registren.

El ministerio público ordena a los Mossos vigilar los precintos, hasta las 21.00 horas del 1 de octubre, y comunicar a la Fiscalía si hay intentos de romperlos y de acceder a los locales, volviéndolos a instalar en el caso de que sea necesario.

Los Mossos, sostiene la Fiscalía, deberán "garantizar la no constitución de las mesas", que los organizadores del referéndum quieren montar a partir de las 7.30 horas de la mañana, mediante un "amplio dispositivo policial" que se desplegará con suficiente antelación para impedir el acceso a los puntos de identificación.

La instrucción especifica también que, cuando el centro se halle en el interior de un edificio más amplio, el dispositivo policial deberá evitar que se vote "en otro lugar del mismo establecimiento o en sus inmediaciones —incluida la vía pública— hasta un radio de seguridad de 100 metros del local designado".

La Fiscalía exige a los Mossos que, antes de las 9.00 horas de la jornada del referéndum, le den "cuenta detallada de los puntos de votación que se encuentren debidamente cerrados y también de aquellos que hayan sido ocupados por personas con intención de proceder a formalizar la votación".

Para impedir la consulta, la instrucción indica a los Mossos que pidan refuerzos a policías locales y, en caso de ser insuficientes, a la Policía Nacional y la Guardia Civil, "sin perjuicio de que esta Fiscalía emita, en ese contexto, las órdenes e instrucciones procedentes".

La Fiscalía ha dictado esta instrucción para los Mossos, el día siguiente de que el mayor del cuerpo, Josep Lluís Trapero, le enviara un escrito para expresar su desacuerdo por haber sido apartado de la coordinación del dispositivo policial del 1-O, en el que lamentaba la falta de "concreciones" en las órdenes del ministerio público a la policía catalana para impedir el referéndum.

Los Mossos temen problemas de orden público

Los Mossos d'Esquadra ven con preocupación la instrucción de la Fiscalía que les ordena precintar los puntos de votación para el 1-O, porque entienden que se les puede estar empujando a ser partícipes de un grave problema de orden público.

Según han informado fuentes de la policía catalana, los máximos mandos de los Mossos d'Esquadra se han reunido este martes por la tarde para analizar la instrucción que les ha remitido la Fiscalía. En esa reunión, los mandos de los Mossos han expresado que, pese a que siempre han acatado las órdenes de la Fiscalía, las últimas directrices del ministerio público para impedir el 1-O podrían acabar acarreando daños más importantes de los que se pretenden evitar con este tipo de medidas.

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