Efectivos de la Brigada de Policía Judicial de la Jefatura Superior de Policía de Santander han detenido a tres personas como presuntos autores de un delito de defraudación de telecomunicaciones por la instalación de equipos receptores de Canal Plus y la redistribución de la señal entre vecinos de varias comunidades de Santander.

Además de los tres detenidos, se ha tomado declaración en calidad de imputados a otras seis personas por ser titulares de los contratos de abono o presidentes de la comunidad de vecinos. Los detenidos, todos españoles, carecen de antecedentes.

La investigación partió de la denuncia del Gabinete Jurídico de la plataforma Digital Plus, por la presunta defraudación sufrida de manera masiva en varias comunidades de vecinos de Santander, según ha informado la Policía.

Las comunidades investigadas disponían de la infraestructura para la recepción de la señal de emisión de la Plataforma Digital Plus, adquiridos lícitamente mediante Contratos de Abonado, cuya titularidad en algunos casos correspondía a alguno de los vecinos del inmueble.

Instalaban los equipos

En otros casos, sin embargo, la titularidad de la señal correspondía a personas ajenas a la comunidad pero con vínculos de diversa naturaleza con los instaladores, que los ponían en funcionamiento y redistribuían la señal para todos los vecinos, siendo así cooperadores necesarios en la defraudación.

Los detenidos, todos ellos instaladores de los equipos que servían para la redistribución generalizada de la señal, tenían, en la mayoría de los casos, contratos de mantenimiento integral con las comunidades, siendo parte de su oferta de servicios como uno más, el "visionado en abierto" de los canales de pago.

Así, las empresas instaladoras se aseguraban conseguir el contrato de mantenimiento integral, pues los servicios ofertados no podían competir con los de aquellos instaladores que se mantenían dentro de la legalidad.

Dicha defraudación se ha mantenido en el tiempo desde noviembre de 2005, en algunos casos, desde la década de los noventa (1991), lo que se cifra en un fraude que supera con holgura el millón de euros, dado que algunas de las Comunidades superaban el centenar de propietarios.

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