La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha presentado un escrito ante el Tribunal Constitucional (TC) que pide recusar a todos sus magistrados por "falta de imparcialidad" y reclama que paralicen cualquier acción penal contra ella o el Parlament por la tramitación de iniciativas relacionadas con el referéndum previsto para el 1 de octubre.

Según fuentes parlamentarias, la iniciativa de Forcadell "pretende paralizar cualquier procedimiento de excepción que pudiera plantearse el TC hacia el Parlament o las funciones de la presidenta".

La iniciativa se ha sabido durante la reunión de la Mesa del Parlament -que ha empezado este miércoles a las 10- que debe tramitar la ley del referéndum, que JxSí y la CUP prevén aprobar este mismo miércoles.

El escrito, registrado esta mañana en el TC, califica la reforma de la ley orgánica del Constitucional como una "reforma exprés de la Constitución" en la que el derecho de defensa está aún más restringido que en la aplicación del Estado de excepción.

Forcadell alega en el escrito que no existe en el ordenamiento jurídico español ningún procedimiento que genere tanta "indefensión" como el que prevé la ley orgánica del TC.

La aplicación de las atribuciones sancionadoras del TC, a su juicio, vulnera el artículo 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, el Convenio Europeo de los Derechos Humanos y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, "al no contar con ninguna garantía procesal de un juicio justo".

El escrito analiza la naturaleza "inédita" del procedimiento de ejecución de sentencias que instauró la reforma de la ley orgánica del TC, que configura un "nuevo" Constitucional que "pierde su supuesta posición de neutralidad cuando se le otorga potestad sancionadora y facultades de ejecución de sus propias resoluciones".

Por ello, Forcadell solicita poder ser parte en un hipotético procedimiento constitucional si es que se discuten medidas de intervención en el Parlament o en las funciones de presidencia del Parlament, con el objetivo de preservar su derecho de defensa ante un procedimiento "carente de cualquier garantía y derecho".

El pleno del Tribunal Constitucional ya estudia la recusación de sus doce magistrados que este miércoles ha presentado Forcadell, con el objetivo de resolver esa cuestión antes de que entren las previsibles impugnaciones de los pasos hacia el referéndum soberanista del 1-0.

El pleno es el encargado de resolver esa cuestión al no existir ninguna instancia superior, han indicado fuentes del Tribunal, que han indicado que el escrito no se ha presentado dentro de ninguna causa concreta.

Otras fuentes han apuntado que la petición será previsiblemente rechazada y tal vez, incluso, inadmitida, dado que la ha presentado Forcadell y no la Mesa del Parlament.

Existe un precedente de intento de recusación de todos los magistrados del TC, el presentado en su momento por el abogado José Luis Mazón.

El asunto terminó en una denuncia ante el Tribunal Supremo, que determinó que ni en la Constitución ni en la Ley Orgánica del TC está previsto la sustitución de todos los magistrados del Constitucional, "conjuntamente, por causa de abstención o de recusación".

Forcadell ha presentado su escrito de recusación poco antes del comienzo del pleno ordinario del Constitucional y del arranque del pleno del Parlament en el que está previsto aprobar la ley del referéndum, paso previo a la convocatoria del 1-0.

De hecho, la Mesa del Parlament ya ha admitido a trámite esa iniciativa -impulsada por Junts pel Sí y la CUP- y que será la primera decisión de las que se puedan adoptar este miércoles que impugne el Ejecutivo, previa reunión del Consejo de Ministros.

Lo hará mediante la fórmula de la ampliación de uno de los incidentes de ejecución de sentencia que el Ejecutivo ya ha presentado y el Constitucional admitido, con lo que no será preceptivo el trámite del Consejo de Estado.

Una vez que el Gobierno remita al Constitucional ese escrito y se cumplan los trámites preceptivos de entrada y registro, el pleno lo incluirá en el orden del día y procederá a la suspensión cautelar automática del acuerdo de la Mesa.

Se trata del mismo mecanismo que se seguiría en el caso de que la proposición de ley fuera aprobada por el pleno de la cámara catalana.

Pero, para ello, el pleno debe primero resolver la recusación de sus miembros solicitada por la presidenta de la cámara autonómica.

El secretario general del Parlament, Xavier Muro, y el letrado mayor, Antoni Bayona, han advertido a la Mesa de que tramitar la ley del referéndum y la de transitoriedad jurídica supone desobedecer al Tribunal Constitucional (TC).

El escrito se ha entregado a los miembros de la Mesa en la reunión de este miércoles, en la que precisamente se ha admitido a trámite la ley del referéndum, que JxSí y la CUP quieren aprobar a lo largo de la jornada en el pleno.

Los letrados señalan que las leyes de 'desconexión' tienen una "relación directa" con varias resoluciones soberanistas anuladas por el TC, y recuerdan que el tribunal ha indicado a los miembros de la Mesa que tienen el deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que vaya en esta línea.

Muro y Bayona consideran que, de acuerdo a esta sentencia y los autos, "los miembros de la Mesa tienen el deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa jurídica o material, que directa o indirectamente suponga ignorar o eludir la nulidad de las resoluciones parlamentarias afectadas por la sentencia del TC, así como abstenerse de realizar cualquier actuación tendente a dar cumplimiento a las mismas".

"El incumplimiento de este deber puede dar lugar a la exigencia de responsabilidades de los miembros de la Mesa", aseguran los letrados, que consideran que las consideraciones son extensibles "a cualquier otra actuación parlamentaria".

Por otro lado, también advierten de que el procedimiento de lectura única de la reforma del Parlament fue suspendido por el TC y que la "eventual tramitación directa de las leyes" mediante el artículo 81.3 del Parlament, como invocan JxSí y la CUP, "presentaría en la práctica unas características parecidas a un procedimiento de lectura única".

Y recuerdan que el dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias, que tumbó esa reforma del reglamento, "hace referencia a los requisitos esenciales e inexcusables que no podrían ser ignorados en la aplicación del artículo 81.3 cuando se tratara del procedimiento legislativo".