Dos detenidos en Nigrán en un golpe contra una trama urbanística en Murcia

Nuevo golpe al ladrillo. La Guardia Civil detuvo ayer a seis personas en Galicia, Murcia y Madrid en una operación contra una presunta trama de corrupción relacionada con la recalificación de unos terrenos en los que iba a desarrollarse un importante proyecto urbanístico en la localidad murciana de Totana.

Durante la jornada de ayer funcionarios de la división de delitos urbanísticos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil desplazados desde Madrid registraron un despacho de abogados en la calle Manuel Núñez de Vigo.

Los dos detenidos en el municipio pontevedrés de Nigrán por su supuesta relación con un delito urbanístico en el municipio murciano de Totana permanecen en la Comandancia de Pontevedra a la espera de ser trasladados a Murcia para lo cual existe un plazo de 72 horas.

2,2 millones de metros

Los dos gallegos detenidos en esta operación por la recalificación de unos terrenos de 2,2 millones de metros cuadrados de suelo rústico son el abogado y empresario Manuel N.A., propietario del Grupo Nuaria (que gestiona tres aparcamientos en la ciudad de Vigo), y uno de sus estrechos colaboradores, Pablo José M.G., que es director de suelo de Inmonuar, sociedad inmobiliaria del grupo a través de la cual se desarrollaba el proyecto para construir el complejo residencial turístico en Totana.

Ambos fueron detenidos después de que agentes de la unidad contra los delitos urbanísticos creada en el seno de la UCO de la Guardia Civil realizasen a primeras horas de la mañana de hoy registros en la vivienda que posee Manuel N.A. en la zona de A Ramallosa, en el municipio de Nigrán. El juzgado investiga si los responsables de Nuaria pagaron comisiones ilegales para construir una urbanización de 5.040 viviendas, que supondría el mayor complejo residencial de Totana, en terrenos agrícolas.

Campo de golf y dos hoteles

El proyecto del Grupo Nuaria también incluía la construcción de un campo de golf y dos hoteles con ‘spa’ con una inversión de 570 millones de euros. El grupo preveía que en la urbanización viviesen 20.000 personas, lo que supondría duplicar la población de Totana, en la que viven 25.000 personas.

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