Así, se han afectado un total de 208 expedientes que corresponden a los proyectos presentados por 102 corporaciones locales y que prevén infraestructuras urbanas y servicios generadores de calidad de vida (159), obras en pedanías (22), actuaciones medio ambientales y forestales (17) y obras de infraestructura cultura y deportivas del municipio (nueve).

La previsión para este año bajo la modalidad de Garantía de Rentas es que se realicen 9.000 contratos a trabajadores y se generen más de 175.000 jornales, según han informado desde la Subdelegación del Gobierno en un comunicado.

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Miguel Briones, que ha presidido la comisión provincial, ha destacado que en esta convocatoria se ha iniciado "un proceso de cambio donde cobra un mayor peso el promedio de demandantes de empleo; es decir, se pondera mucho más este indicador". Esto ha supuesto nuevas incorporaciones a optar al reparto de la inversión y un ajuste en el mismo.

Briones, quien ha estado acompañado en dicha reunión del director provincial de SEPE en funciones, Manuel Pérez, ha subrayado el compromiso del Gobierno con los ayuntamientos y el empleo agrario ya que este tipo de ayudas "son de gran importancia, pues están destinadas a subvencionar la contratación por los ayuntamientos de trabajadores desempleados, preferentemente eventuales agrarios, en obras de interés general y social que se proyectan a través de dicho plan".

PLAN DE EMPLEO

Además, la comisión ha dado luz verde a que en los próximos días se realice la convocatoria para que las entidades locales soliciten subvenciones con cargo a los fondos del Profea destinados al Plan de Empleo Estable, por un importe ligeramente superior a los 3,4 millones del año pasado, a lo que se podría sumar hasta un tres por ciento aproximado de incremento según la previsión estatal.

El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, ya anunció en abril que los fondos del Profea para 2017 se verían revalorizados un tres por ciento respecto a la cuantía del año pasado hasta alcanzar un montante total superior a los 152 millones de euros, según

contempla el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado que actualmente se tramita en el Congreso.