La operación contra la organización que proporcionaba documentación falsificada a extranjerosx para que regularizaran su situación en España se ha saldado de momento con 148 detenciones, entre ellas la del cabecilla, un empresario arrestado en Granada, que se habría embolsado medio millón de euros.

Según ha explicado este miércoles el delegado del Gobierno central en Andalucía, Antonio Sanz, la investigación se inició en mayo del año pasado y partió de la oficina de extranjería de Granada, aunque ya se ha extendido a 15 provincias.

En un comunicado, la Policía Nacional ha informado este miércoles de que la organización proporcionaba documentación falsificada a extranjeros para que regularizaran su situación en España y para realizar altas fraudulentas en la Seguridad Social, eludiendo el pago de las cuotas y consiguiendo el cobro indebido de indemnizaciones por desempleo o la prestación de renta agraria especial.

En concreto, elaboraban contratos de trabajo y nóminas que simulaban la obtención de ingresos, así como certificados de empadronamiento e informes municipales de habitabilidad de viviendas para adecuarlos a los requisitos exigidos para obtener autorizaciones de residencia.

La cantidad percibida de forma indebida por los detenidos asciende a unos 800.000 euros, según la Policía, que informa de que hasta el momento han sido arrestadas 148 personas en las provincias de Granada (105), Murcia (23), Jaén (11), Almería (3), Ciudad Real (3), Sevilla (1), Lleida (1) y Badajoz (1).

La investigación se inició cuando los agentes tuvieron conocimiento de irregularidades en la solicitud de autorizaciones de residencia por parte de ciudadanos extranjeros, principalmente de nacionalidad marroquí. La Policía comprobó entonces la existencia de una organización criminal responsable de un complejo entramado de contrataciones ficticias y falsedades documentales.

Principalmente facilitaban la documentación falsificada necesaria para la regularización de extranjeros en España mediante la obtención de autorizaciones de residencia por circunstancias excepcionales -arraigo social- y la reagrupación de sus familiares.

Esta documentación consistía en contratos de trabajo y nóminas que simulaban la obtención de cierto nivel de ingresos, así como certificados de empadronamiento e informes municipales de habitabilidad de viviendas a fin de cumplir con los requisitos de capacidad económica y disponibilidad de vivienda adecuada exigidos por la legislación de extranjería para la reagrupación familiar. Con ello cometían delitos de falsedad documental y favorecimiento de la inmigración irregular.

También realizaban altas fraudulentas en la Seguridad Social, eludiendo el empleador el pago de sus cuotas y consiguiendo que los beneficiarios reunieran los periodos de cotización oportunos para el cobro indebido de prestaciones -indemnización por desempleo o prestación de renta especial agraria de la Seguridad Social-, sin haber desempeñado ninguna actividad laboral.

Según la Policía, la complejidad y amplitud de la operación, en la que se detectaron hasta 230 implicados, hizo necesaria una actuación operativa en dos fases. La primera actuación se centró en la detención de los principales responsables, entre ellos el cabecilla, un empresario que utilizaba sus propias cuentas de cotización en el Sistema Especial Agrario y en el Régimen General para dar de alta ilegalmente a trabajadores, y dos de sus colaboradores.

Se estima que el principal investigado pudo obtener un beneficio de medio millón de euros, tanto del fraude directo al erario público, como de lo cobrado a los inmigrantes.

Para conseguir algunos documentos necesarios para los expedientes de regularización de extranjeros, contaban con la connivencia de otras personas que facilitaban sus domicilios para el empadronamiento de inmigrantes. Los arrestados pagaban entre 1.000 y 5.000 euros en función de los diferentes trámites que requerían.