El vicepresidente primero de la Mesa del Parlament, Lluís Maria Corominas, y la secretaria cuarta, Ramona Barrufet, han invocado su inviolabilidad parlamentaria para negarse a responder sobre la votación pro referéndum ante la juez del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

Coromidas y Barrufet, y la secretaria cuarta, ambos de  Junts pel Sí (JxS), han comparecido este viernes por la mañana ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) como investigados por un supuesto delito de desobediencia al por permitir que el pleno votara en octubre dos resoluciones de JxSí y la CUP a favor del referéndum independentista en la Cámara catalana.

Lo han hecho arropados por el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, varios consellers de su Govern y diputados de JxSí, la CUP y SíQueEsPot, que han repetido su apoyo a los investigados a las puertas del Palau de Justícia, igual que hicieron el lunes -dentro de la misma causa y por el mismo supuesto delito- con la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y la secretaria primera, Anna Simó.

Además, un centenar de personas se han concentrado para mostrar su apoyo. Los manifestantes están ante el tribunal con 'esteladas' y pancartas en las que se podía leer 'La democracia no es un crimen', y han coreado lemas como 'Fuera, fuera, fuera la justicia española'.

La magistrada Maria Eugènia Alegret los había citado a las 9 horas a Corominas y a las 11 horas a Barrufet, aunque la declaración de esta última se ha adelantado, igual que pasó el lunes, cuando Forcadell y Simó comparecieron durante apenas 20 minutos.

Forcadell y Simó se negaron a contestar a las preguntas del fiscal Francisco Bañeres y sólo accedieron a responder a su abogado, al igual que han hecho Corominas y Barrufet, a pesar de ser defendidos por otro letrado, han tomado la misma decisión.

La presidenta del Parlament reclamó en su comparecencia a la magistrada y al fiscal que defiendan su inviolabilidad parlamentaria como garantía de la separación de poderes e hizo un alegato en favor de su inviolabilidad, en parecidos términos a lo que alegó Simó.

Forcadell defendió que no "transgredió" el mandato del Tribunal Constitucional al permitir que se votara la resolución aprobada el 6 de octubre de 2016, porque, según ella, se había limitado a recoger lo que se había abordado y debatido en el pleno de la Cámara catalana durante el Debate de Política General.

Precisamente este es el punto donde pivota el caso y es lo que dilucidará si hubo desobediencia: si la Mesa debe permitir todos los debates o debe establecer un veto en determinadas cuestiones, como en este caso en el que hay un mandato del TC, según fuentes judiciales.

Se trataría de dirimir si la Mesa hace un mero control formal de los debates y resoluciones o si tiene un poder de fiscalización sobre la naturaleza de los temas que se abordan y puede impedir algunos.

Esa resolución insistía en la capacidad de Catalunya para la autodeterminación, instaba al Govern a celebrar un referéndum vinculante "con una pregunta clara y de respuesta binaria", ponía un límite para su celebración y creaba una comisión para el seguimiento del proceso de autodeterminación, entre otros puntos.

Para junio, quedará pendiente la declaración ante el tribunal del secretario tercero, Joan Josep Nuet (SíQueEsPot), a quien el TSJC ha decidido citar también como investigado pese a que la querella de la Fiscalía no se dirigía contra él.