La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha criticado este lunes haber tenido que declarar ante la justicia por permitir el debate de varias iniciativas soberanistas: "No nos doblegará la voluntad censora de los que quieren coartar el Parlament".

Durante una declaración institucional en la Cámara tras declarar en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), ha proclamado que este proceso judicial no frenará que vuelva a tomar las decisiones que tomó: "Si este es el precio que tenemos que pagar para garantizar que el Parlament esté libre de injerencias, lo pagaremos gustosamente".

Ha transmitido a la magistrada que los miembros de la Mesa investigados no tienen "nada que esconder" y que permitió el debate sobre las iniciativas sobernanistas para garantizar la libertad de expresión de los 135 diputados de la Cámara.

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y la secretaria de la Mesa Anna Simó han alegado que no transgredieron las resoluciones del Constitucional y han pedido el amparo judicial para garantizar su "inviolabilidad" parlamentaria, que creen es una garantía de la "separación de poderes".

Según han informado fuentes jurídicas, Forcadell y Simó han declarado este lunes como investigadas durante veinte minutos cada una ante la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) Maria Eugènia Alegret, que las investiga por prevaricación y desobediencia al Tribunal Constitucional al permitir que el Parlament votara dos resoluciones a favor de un referéndum.

Ambas investigadas se han acogido a su derecho a no contestar a las preguntas a la magistrada ni a la Fiscalía y han comenzado su declaración con un alegato inicial en el que han pedido a ambas instancias judiciales que amparen su derecho a la inviolabilidad parlamentaria e impidan que la causa siga adelante.

Forcadell y Simó, así como el resto de miembros de la Mesa de JxSí y CSQP, son investigados por prevaricación y desobediencia al TC, por permitir que el pasado mes de octubre, al término del debate de política general, el pleno del Parlament debatiera y votara dos resoluciones de JxSí y la CUP a favor de un referéndum de independencia.

Como ya hiciera en su declaración del pasado 16 de diciembre, Forcadell -y en la misma línea Simó- ha aducido que la Mesa del Parlament no puede impedir los debates propuestos por la cámara y, en ese sentido, ha recordado que las resoluciones a favor del referéndum recogían los asuntos que se habían tratado en el debate de política general y a los que se había referido el mismo presidente catalán, Carles Puigdemont.

Tras insistir en la obligación del TSJC y de la Fiscalía de garantizar su inviolabilidad parlamentaria, un alegato al que ni la juez ni el ministerio público han contestado, Forcadell y Simó han asegurado que actuaron con neutralidad al permitir las votaciones, convencidas de que no transgredían ni la sentencia del TC en que prohibía desarrollar la declaración de ruptura del 9 de noviembre de 2015 ni sus resoluciones posteriores.

Para ello, han razonado que, al admitir a trámite las resoluciones pro referéndum, se limitaron a cumplir su "deber" de acuerdo con lo que establece el reglamento del Parlament, normativa que precisamente la Fiscalía cree que obliga a la Mesa a "calificar y declarar la admisión o no" de los asuntos que deben ser debatidos en el pleno, en este caso acatando la prohibición del TC.

Las investigadas han detallado que la admisión a trámite de ambas propuestas fue posterior a un debate del pleno, en el que tanto el presidente de la Generalitat como los grupos discutieron sobre la convocatoria de un referéndum de independencia en Cataluña, por lo que necesariamente las resoluciones debían recoger esa cuestión.

Asimismo, han reconocido que el letrado mayor del Parlament hizo constar la obligación de la Mesa de cumplir con las resoluciones del Constitucional, aunque lo hizo una vez que ésta había tomado ya la decisión de admitir a trámite las resoluciones a favor del referéndum.

La defensa de Forcadell y Simó ha presentado este lunes ante la juez del TSJC un recurso contra su decisión de no resolver, por el momento, el escrito que su abogado presentó el pasado viernes pidiendo el archivo de la causa, invocando la inviolabilidad parlamentaria.

Alegret contestó a la petición de la defensa el viernes pasado, en una providencia de apenas unas líneas, que no es este el momento procesal para resolver la cuestión, aunque el abogado, Andreu Van den Eynde, alega en su recurso que ese asunto debe ser abordado por el TSJC como cuestión previa en el proceso, dada su obligación de dar amparo a las parlamentarias.

En el marco de esta causa -en que Forcadell acumula dos querellas de la Fiscalía por desobediencia al TC-, la juez interrogará el próximo viernes a los miembros de Mesa de JxSí Lluís Corominas y Ramona Barrufet, y el próximo 12 de junio a Joan Josep Nuet, de CSQ. 

Las imputaciones se derivan de la querella que la Fiscalía presentó el pasado mes de febrero contra Forcadell y tres miembros de la Mesa del Parlament, por permitir que el pasado 5 de octubre el pleno de la cámara catalana votara dos propuestas impulsadas por JxS y la CUP a favor de un referéndum independentista.

El ministerio público cree que, al dar luz verde a la votación, los miembros de la Mesa desobedecieron la resolución del Tribunal Constitucional que les prohibía desarrollar cualquier iniciativa que emanara de la declaración de ruptura que el Parlament aprobó el 9 de noviembre de 2015, que abría la puerta a una vía unilateral a la independencia.

En declaraciones este domingo al canal 324, Forcadell  aseguró que tener que declarar ante el TSJC está "vulnerando los derechos" de los miembros de la Mesa. Además, ha recordado que la inviolabilidad parlamentaria "no es un privilegio, es una garantía para blindar la separación de poderes para que los diputados puedan opinar y votar" sin ingerencias del poder ejecutivo o de 'lobbies'.

"Es un derecho no reconocido sólo en el Estatut de Catalunya sino en la legislación internacional", ha añadido Simó, que ha afirmado que su declaración ante el TSJC será la primera ocasión en la que entrará en un juzgado.

Forcadell, Simó y el resto de diputados -Lluís Corominas (JxSí), Joan Josep Nuet (SíQueEsPot) y Ramona Barrufet (JxSí)- basarán su defensa en la necesidad de proteger, precisamente, la inviolabilidad parlamentaria como principio garante de la libertad de expresión y del derecho de participación parlamentaria.

La presidenta ha considerado anómalo que cinco de los siete miembros de la Mesa tengan que declarar ante la justicia por haber cumplido, según ella, sus funciones: "Hay que decirlo porque alguien se puede llegar a creer que esto es normal y que pase esto en un país democrático es absolutamente anormal".