También solicitan en la propuesta, a la que ha tenido acceso Europa Press, que se incluya a los profesionales de la extinción de incendios en el Registro de Trabajadores Expuestos al Amianto (Retea) previsto en el Programa de Vigilancia de la Salud de los Trabajadores que han estado Expuestos al Amianto (Pivistea) del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para permitir que se les aplique el protocolo de vigilancia de la salud específico del amianto incluso una vez haya finalizado su vida laboral.

Desde la coalición de izquierdas han recordado que a pesar de que en España desde 2001 se ha prohibido la fabricación, uso y comercialización del amianto y de materiales que lo contengan, aún se estima que existen 2,5 millones de toneladas de amianto en distintas infraestructuras, edificaciones, instalaciones, vehículos o embarcaciones.

En la propuesta de Unidos Podemos se recuerdan las "ingentes cantidades" de amianto instalado en edificios, que hacen que cualquier actuación en estructuras construidas antes de 2001 "sea susceptible de riesgo de exposición para los profesionales que han de realizar intervenciones en ellos, siendo especialmente grave para los bomberos".

Recuerdan los diputados que la actividad de estos profesionales se desarrolla en edificios e instalaciones afectadas por incendios, destrucciones o roturas, lo cual "permite una mayor liberación de fibras de amianto y aumenta de manera notable la posibilidad de inhalación por parte de los trabajadores".

Por todo ello, los diputados han considerado que "es de recibo" exigir que se adopten medidas concretas para que se reconozca la exposición al amianto en las evaluaciones de riesgo de los servicios de extinción de incendios, se reorganice su actividad para minimizar el riesgo a este tipo de exposición y que "en cualquier caso se convierta en una herramienta preventiva de primer orden".