Casi 320 horas de vista oral fueron necesarias para desmontar una de las conspiraciones más tenebrosas de la reciente historia moderna. El juicio del 11-M, la vista más importante tras la del 23-F, dejaba caer el telón el pasado 2 de julio, cuatro meses y 17 días después de que Javier Gómez Bermúdez, un juez singular y mediático, iniciara el desfile de los 309 comparecientes, de los que 117 fueron policías y guardias civiles.

En los cuatro meses y 17 días que duró se vivió una auténtica esquizofrenia procesal, con acusaciones convertidas en defensas, una situación insólita que motivó continuas advertencias del presidente del tribunal. A esta anormalidad contribuyó decisivamente la Asociación de Víctimas del Terrorismo y sus ‘franquicias’: su filial –la Asociación de Víctimas del 11-M– y una acusación particular, encarnada por uno de los abogados a los que tiene en ‘nómina’, Juan Carlos Rodríguez Segura.

Buena parte de las sesiones del juicio se dedicaron al desmontaje de los denominados ‘agujeros negros’, la realidad inventada por cierta prensa canalla, dicho sea en palabras de Valle-Inclán. He aquí un somero resumen de estas simas insondables: la mochila de Vallecas fue colocada por una mano negra; la Renault Kangoo fue llenada de objetos por otra mano tan negra como la anterior; los tráficos telefónicos se obtuvieron sin respaldo judicial; el segundo vehículo de los terroristas, el Skoda Fabia, fue una aportación del CNI, el paraíso de las manos negras; y el suicidio de Leganés, en realidad, fue un montaje de manos negrísimas que colocaron los cadáveres a posteriori.

La trama de ETA quedó en gran medida 

desarticulada tras la deposición del ex director general de la Policía Agustín Díez de Mera, al que Bermúdez tuvo que empapelar tras negarse en primera instancia a revelar la fuente que le había hablado de un informe que mencionaba a la banda y que, supuestamente, el Gobierno había manipulado porque no favorecía sus intereses. La fuente, el comisario García Castaño, negó la mayor y la menor, con lo que el ridículo de Díaz de Mera fue espantoso. Bermúdez estuvo impecable, excepción hecha de un grave error procesal que pudo determinar la nulidad de la vista, al olvidar dar traslado a la Abogacía del Estado de las peticiones de responsabilidad civil subsidiaria del Estado formulada por varias acusaciones particulares.

La única solución posible para evitar la nulidad era que ninguna de las acusaciones mantuviera su petición en sus calificaciones finales y, para conseguir ese objetivo, los abogados de todas ellas se reunieron el miércoles 23 de mayo en un restaurante de la Casa de Campo de Madrid, a orillas de su famoso lago. El resultado de este ‘pacto del lago’ fue que los acusadores aceptaron dejar de lado su pretensión, y unificaron sus peticiones de indemnización: un millón de euros por fallecido. A Bermúdez le hicieron el favor de su vida.

Los hechos probados

La masacre: A las 7.39 horas de la mañana del 11 de marzo de 2004 estallan diez mochilas bomba en cuatro trenes de Cercanías de Madrid abarrotados de viajeros. El atentado causa la muerte de 191 personas y unos 1.800 heridos de diversa consideración. Es la mayor masacre terrorista en la historia de España.

Contradicciones: El ministro del Interior, Ángel Acebes, señala a ETA como autora. Después admite que hay datos que apuntan a los islamistas. Un grupo vinculado a Al Qaeda reivindica el atentado. El sábado día 13 cientos de personas se concentran ante sedes del PP y acusan al Gobierno de mentir. Se producen las primera detenciones.

Suicidio colectivo: Tras las elecciones del día 14, en las que el PSOE arrebata el poder del PP, continúan las detenciones. Se hallan explosivos en una casa de Chinchón. El 3 de abril, siete terroristas vinculados con la masacre se suicidan en un piso de Leganés al verse rodeados por la Policía. En la explosión muere un geo.

Bin Laden reivindica: El líder de Al Qaeda, Osama Bin Laden, reivindica la masacre en un vídeo difundido el 15 de abril. Argumenta que ha sido una venganza por la intervención española en la invasión de Irak. El 27 de mayo, el Congreso crea una comisión de investigación, donde el PP avala teorías que apuntan a ETA como posible autora.

Tortuosa investigación: El juez Juan del Olmo inicia una tortuosa investigación, trufada de injerencias externas, que le conduce, casi un año después de los atentados, a procesar a 28 de los 116 imputados en el sumario. Entre ellos hay nueve españoles. Solicita un total de 270.885 años para los procesados.

El macrojuicio: El 15 de febrero de 2007 comienza el macrojuicio contra los responsables de la masacre. Se producen casi 400 comparecencias a lo largo de los más de cuatro meses que dura la vista. El presidente del tribunal, Javier Gómez Bermúdez, declara el caso «visto para sentencia» a las 22.37 horas del 30 de junio.