Nueve años después de que se iniciara la investigación, en 2009, sobre la trama corrupta y el expolio del Palau de la Música que dirigían Fèlix Millet y Jordi Montull, este lunes se ha hecho pública la sentencia del 'caso Palau ' que ha condenado a nueve años y ocho meses de prisión para Millet; siete años y seis meses para Jordi Montull y cuatro años y cinco meses para el extesorero de CDC Daniel Osàcar.

Más allá de la condena para los ideólogos de la trama, Millet y Montull, destaca que la Audiencia de Barcelona ha condenado a Convergència Democràtica por haver percibido comisiones de la constructora Ferrovial, a través del Palau de la Música, a cambio de la adjudicación de obra pública durante los últimos gobiernos de Jordi Pujol.

La sentencia recoge la petición realizada por el Ministerio Público de decomisar 6,6 millones de euros a CDC como responsable civil a título lucrativo del millonario expolio de la entidad cultural, por el que tiene embargadas quince de sus sedes por orden judicial.

Además, el fiscal Anticorrupción, que presentó su primer escrito de calificación del caso cuando CDC aún no se había reconvertido en PDeCAT, pide en sus conclusiones que el decomiso se aplique a dicha formación política "o a la que la haya sucedido".

La confesión de Fèlix Millet y de Jordi Montull vinculando directamente a Convergència con el cobro de comisiones ilegales vinculadas al Caso Palau, y que Montull se encargó se subir del 3 al 4%, fueron una bomba en la línea de flotación de la antigua CDC: la de Jordi Pujol y Artur Mas.

Convergència tiene a tres extesoreros vinculados a casos de corrupción: al difunto Carles Torrent y a Daniel Osàcar en el Caso Palau y a Andreu Viloca en el Caso del 3% también de presunta financiación irregular de CDC.

Todos ellos tenían la plena confianza de Artur Mas y por tanto es a Mas a quien se le reclama la máxima responsabilidad. El mismo Artur Mas que inició el viraje de la coalición nacionalista Convergència i Unió; hacia la CDC soberanista hasta llegar al JxSí independentista.

Artur Mas ha visto durante estos meses cómo la nueva CDC, el PDeCAT, ha mirado hacia otro lado al ver a quien fuera su president salpicado por el Caso Palau, y cómo Carles Puigdemont se apresuró a desvincular "a su Govern" de los casos de corrupción.

Artur Mas anunció el martes 9 de enero que dimitía de su cargo de presidente del Partit Demòcrata (PDeCAT). A nadie se le escapa la vinculación entre la notificación del Cas Palau y la dimisión del que fue presidente de la Generalitat de Cataluña entre 2010 y 2016 aunque el propio Mas la quiso desvincular alegando que CDC ya pagó por ello "el precio más alto", que fue "autoliquidarse".

En todo caso, Mas admitió que el anuncio de su renuncia se produce a menos de una semana de la sentencia del caso Palau de la Música y que esto puede dar lugar a "interpretaciones".

El Caso Palau se remonta oficialmente al año 2007 (aunque hubo denuncias previas en 2002) cuando Hacienda puso en marcha un plan para detectar billetes de 500 euros. Fue entonces cuando se descubrió que el Palau de la Música los "movía" con facilidad y las respuestas que dieron a los inspectores los máximos responsables del Palau, Félix Millet y Jordi Montull, desencadenó en una querella el junio de 2009 por apropiación indebida y falsedad documental.

El 23 de julio de 2009, los Mossos registraron durante nueve horas las oficinas del Palau y, dos meses más tarde, en septiembre, Millet confesó que se había apropiado de 1,6 millones de euros del Palau de la Música, una cantidad muy inferior a lo que se le ha atribuido finalmente, que ronda los 30 millones de euros.

Uno de los entramados del cas Palau tiene relación directa con la presunta financiación irregular de la antigua CDC y su fundación Trias Fargas (ahora denominada CatDem). De hecho, el fiscal pide 8 años de prisión para el que fue tesorero de Convergència Daniel Osàcar, por su papel clave en el supuesto pago de comisiones a CDC por parte de la constructora Ferrovial.

Convergència tiene hoy 15 de sus sedes embargadas por la justicia para asegurar una eventual condena como responsables civiles a título lucrativo del expolio del Palau. Se calcula que con el Caso Palau el partido dirigido entonces por Jordi Pujol y ahora por Artur Mas se embolsó 6,6 millones de euros.

Los dos casos de presunta financiación irregular de CDC tienen el mismo modus operandi: los tesoreros de Convergència eran lo que se reunían con constructores y pactaban las comisiones que se disfrazaban como si fueran donaciones a las fundaciones afines del partido. De esta forma, CDC, que entonces gobernaba la Generalitat, adjudicaba obra pública a cambio presuntamente de comisiones (un 3%).