El fiscal Anticorrupción de Palma, Pedro Horrach, ha anunciado este viernes que propondrá a los fiscales del Tribunal Supremo que recurran la sentencia del caso Nóos y pedirá más pena de cárcel para Urdangarin y su socio, Diego Torres, por malversación y fraude en documento público y mercantil, además de reclamar penas de cárcel para los cargos públicos valencianos que fueron absueltos a pesar de haber firmado los mismos contratos con el Instituto Nóos que el Govern balear.

El fiscal Anticorrupción entiende que existe un delito de malversación de caudales públicos porque la empresa Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia (CACSA) se debió someter a la normativa de contratación pública en negocios con terceros, algo que no contempla la sentencia. Ese delito lleva aparejada una pena de cárcel de entre 4 y 8 años.

Además, ha explicado que pidió prisión provisional con fianza porque entiende que las circunstancias personales de Urdangarin "rebajan" el riesgo de fuga "pero no lo anulan debido a la gravedad de las condenas", aunque ha añadido que las juezas consideran que ese peligro "está prácticamente descartado" y, en consonancia, dictaron una medida como es la obligación de presentaciones mensuales y retirada de pasaporte en el caso de Torres.

En la misma línea, Horrach ha asegurado que las juezas no han acordado mantener la libertad provisional de Iñaki Urdangarin tras su condena por su "situación de privilegio", y ha señalado que le parece una decisión "razonable". "No creo que las magistradas hayan adoptado esta decisión en relación a la situación de privilegio que tiene Urdangarin. No me parece una situación excepcional. La excepcionalidad deriva de los poquísimos casos en que ocurre pero me parece razonable desde el punto de vista de las magistradas, si entienden que no existe riesgo que fuga, que adopten la decisión que han tomado", ha explicado.

"Desde este punto de vista el auto de la Audiencia es razonable, entendemos que no se trata de ninguna situación anormal porque de hecho en otros casos con penas superiores a las impuestas a Urdangarin y Torres no ha existido una medida cautelar de prisión preventiva, con o sin fianza", ha añadido.

Desde este punto de vista el auto de la Audiencia es razonableSegún Horrach, que se permita a Urdangarin comparecer ante la autoridad en su país de residencia es excepcional solo por poco habitual "pero racional desde el momento que las magistradas entienden que no existe peligro de fuga por el arraigo que tiene en Suiza, personal y familiar", algo que no ve "ilógico o no razonable".

Tampoco le resulta extraño que las juezas no explicaran en el auto cuáles son las circunstancias especiales de Urdangarin y alegaran que son conocidas: "Es cierto que no necesita explicación, estamos ante una persona con una posición social y personal muy conocida debida a la situación por la que ha atravesado".

"He recibido amenazas"

Cuestionado por las presiones sufridas como fiscal, ha reconocido este viernes que es bastante común sufrir presiones y que, tanto él como su mujer, han sufrido presiones y "seguimientos", al igual que otros fiscales. "He recibido amenazas tanto yo, como mi mujer, como mi familia. Diversos seguimientos, pero como otros fiscales", ha confirmado en los micrófonos de  la Cadena SER, a la par que ha indicado que "hay que aprender a vivir con ello". 

En relación con la denuncia de presiones sufridas por parte del fiscal de Murcia, López Bernal, que lleva a cabo la investigación del 'caso Auditorio' en la que está siendo investigado el presidente regional de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, ha indicado que él sí puso en conocimiento de los organismos pertinentes las presiones. "Ha denunciado policial y judicialmente y lo ha escalado a la jefatura fiscal. Es cierto que en comunidades pequeñas se intensifica más la presión, como en Baleares y Murcia, y se nota mucho más cercana. Y hay que aprender a convivir con ella", ha apostillado.

Sobres la sentencia del caso Nóos, Horrach ha asegurado que ha trabajado con completa "autonomía e independencia" y ha negado cualquier tipo de conversación con el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ni con el Fiscal General del Estado, José Manuel Maza.