El pasado 16 de febrero el Tribunal Constitucional dictó sentencia sobre una cuestión de constitucionalidad planteada por el juzgado de Contencioso-Administrativo número 3 de San Sebastián, por el que se declaraban inconstitucionales parte de las normas del referido impuesto.

La declaración se ciñe a la norma foral vasca pero "existen numerosas cuestiones de constitucionalidad planteadas en todo el territorio y es de prever que el TC aplicará la misma doctrina, máxime cuando se trata de una transposición".

La moción también recuerda que en Málaga "ya se bonifican al 95 por ciento los casos de herencia paterno-filial y primera residencia" y pide "seguir profundizando en estas cuestiones". "Hasta que Cs no entró en el Ayuntamiento, no se empezó a tocar este impuesto. Va en nuestro ADN y lo llevábamos en el programa electoral, pero ahora está claro que el respaldo jurídico es inequívoco", ha asegurado Cassá.

"Es un impuesto en el que se producen determinadas situaciones injustas. Hemos empezado por los casos más sangrantes, en los casos de aquellas personas que viven con sus padres para que no tengan que pagar un dineral por seguir viviendo en sus casas una vez que fallecen", ha aseverado Cassá, quien asegura que "no tiene sentido cobrar un impuesto por incremento de valor cuando no se ha producido".

"Parece un contrasentido cobrar una plusvalía cuando no se produce ese plus, cuando no hay hecho imponible", ha indicado, al tiempo que ha anunciado que Ciudadanos llevará esta iniciativa a todos los ayuntamientos de capitales españolas.

La moción de Cs pide que "deje de cobrarse por parte del Ayuntamiento en estos casos de descenso del valor"; que "el Ayuntamiento devuelva estas cantidades injustamente cobradas en los últimos cuatro ejercicios -prescripción del impuesto-"; que "se inicien los estudios para seguir profundizando en esta bonificación por herencia paterno-filial en caso de fallecimiento", y, "como es lógico, que todo se traduzca en un cambio de ordenanza".

El asesor Ignacio Villena ha remarcado que "en 2015 este impuesto supuso un global de 55 millones de euros para el Ayuntamiento de Málaga, a través de 18.000 operaciones, aproximadamente la mitad inter vivos' y la otra mitad 'mortis causa'". Sin embargo, "es imposible determinar ahora mismo en cuántos casos se produjo un descenso del valor".

Para Villena, "este impuesto no tiene ningún sentido e incluso adquiere tintes confiscatorios cuando no se produce el incremento que teóricamente lo grava" y ha explicado que, "con la bonanza económica no había demasiados casos a la baja, algo que ha cambiado tras el pinchazo de la burbuja".