En el informe de la Audiencia de Cuentas se muestra que el Ayuntamiento de Santa Brígida efectuó entre el 2000 y 2004, doce contratos menores sin dejar constancia de la aprobación del gasto y cuyos pagos se fraccionaron "con objeto de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad, procedimiento o la forma de adjudicación que corresponda".

La instalación de cámaras de control de tráfico, adquisición de material de ferretería, reparación y mantenimiento de vehículos, suministro de envases e instalación eléctrica, iluminación de Navidad, trabajos de impresión, suministro de revistas y programas de fiestas son algunos de estos gastos.

¿Delitos urbanísticos?

También el informe revela que el Ayuntamiento de Santa Brígida gastó entre 2003 y 2004, 29.472 euros en atenciones protocolarias que se abonaron a las empresas Las Casillas Servicios Hosteleros S. A. y a Empresa Hostelera Carmelo Vega S. A., propiedad del alcalde de Santa Brígida en el momento en el que se produjeron los abonos.

La concejala Casas, denunciante inicial de estas irregularidades, cree que todo esto no ha sido más que el detonante de unas anomalías que van más allá y que podrían estar relacionadas con delitos urbanísticos.

Como refleja la propia Guardia Civil en un comunicado, donde apunta que la operación se inició "tras la denuncia presentada hace unos meses por varios concejales de esta corporación municipal, según la cual algunos de los anteriores alcaldes habrían cometido diversas irregularidades relacionadas con el urbanismo".

Aunque Casas corrige: "mis denuncias no tenían que ver con el Urbanismo".

los ex alcaldes de Santa Brígida Carmelo Vega y Antonio Díaz fueron detenidos ayer en la mañana en el transcurso de la 'operación Brisan' que la Guardia Civil está efectuando en el Ayuntamiento de Santa Brígida de Gran Canaria.

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