El presidente de la Generalitat Ximo Puig, y la consellera de Sanidad Universal, Carmen Montón, han presentando este lunes esta medida que entrará en vigor el próximo 14 de febrero, y que supondrá una inversión de 8 millones de euros al año.

En total, se calcula que beneficiará a 400.000 menores adscritos a una tarjeta SIP cuyo titular perciba menos de 18.000 euros anuales y a otros 4.500 menores hijos de migrantes en situación irregular.

De este modo, se pretende que ningún menor en la Comunitat Valenciana "por su situación económica o administrativa se quede sin tratamiento", ha señalado Montón, que ha advertido al Gobierno de Rajoy: "Nada ni nadie nos hará desistir de habilitar ayudas o aumentar su ámbito de aplicación".

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