El Ayuntamiento de Barcelona obliga a las eléctricas a firmar el convenio de pobreza energética

  • Las empresas contratistas tendrán que facilitar el acceso al bono social y a los descuentos existentes dirigidos a familias con riesgo de corte eléctrico y situación de exclusión social.
  • Por otro lado, el Ayuntamiento ya trabaja para poner en marcha la comercializadora de energía eléctrica pública y espera tenerla lista a finales del 2018.
Imagen del concejal de Presidencia y Energía, Eloi Badia.
Imagen del concejal de Presidencia y Energía, Eloi Badia.
EUROPA PRESS
Las compañías eléctricas tendrán que firmar el convenio que los obliga a corresponsabilizarse de la pobreza energética para optar a la contratación pública con el Ayuntamiento de Barcelona.
El consistorio ha modificado los pliegues de la licitación del acuerdo marco de contratación para el suministro eléctrico, que tendrá un valor de más de 65 millones de euros para dos años. Además de establecer la condición en lo referente al convenio previsto en la Ley 24/2015, se divide el contrato en tres lotes para favorecer que más empresas puedan adjudicarse el servicio, puesto que sólo se podrá acceder a dos de los tres paquetes.
En paralelo, el Ayuntamiento ya trabaja para poner en marcha la comercializadora de energía eléctrica pública y espera tenerla lista a finales del 2018. Se calcula un ahorro de medio millón de euros por año en contratación.

Las empresas contratistas tendrán que firmar el convenio previsto por la Ley 24/2015, pero también presentar un plan de actuación anual para adaptar la potencia y la tarifa contratada y a la vez facilitar el acceso al bono social u otras tarifas sociales y descuentos existentes dirigidos a familias con riesgo de corte eléctrico y situación de exclusión social

Además, antes de efectuar un corte, las empresas tendrán que solicitar a los Servicios Sociales Municipales un informe para determinar si la persona o familia se encuentra en una situación de riesgo de exclusión residencial de la ley. También tendrán que informar de los derechos relativos a pobreza energética en cualquier aviso en lo referente a impagados y habilitar mecanismos de información sobre tarifas sociales y otras ayudas para hacer frente a la pobreza energética.

La licitación establece la división del contrato en tres lotes, incluyendo por primera vez uno de 2 millones de euros en lo referente a los edificios municipales generadores de electricidad verde. La empresa adjudicataria del primer lote, el más grande (54 millones de euros), tendrá que realizar cada año cursos de formación sobre derechos energéticos y eficiencia energética para clientes.

A pesar de que las compañías pueden presentar ofertas a los tres lotes, el número máximo de lotes que se pueden adjudicar a una única empresa son dos. De esta forma se intenta ampliar el número de empresas que se presenten. Ahora mismo Endesa tiene el contrato, pero el Ayuntamiento augura que se presentarán como mínimo dos empresas.

El inicio del nuevo acuerdo marco será el 25 de marzo del 2017, una vez finalice el actual acuerdo, y tendrá una duración mínima de un año y máxima de dos. Finalizará en el momento que entre en funcionamiento la comercializadora pública.

Si las empresas incumplen estas condiciones podrán ser sancionadas, a pesar de que no se llegará a la extinción del contrato.

El concejal de Presidencia, Eloi Badia, ha remarcado que esta decisión es una manera de "reforzar el despliegue efectivo de la Ley 24/2015, de traerlo a la práctica".
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