El juez que investiga la supuesta estafa en los donativos para el tratamiento de Nadia ha abierto una nueva causa en la que imputa a los padres los delitos de exhibicionismo, provocación y explotación sexual, a raíz de las fotografías de la menor encontradas por los Mossos d'Esquadra.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), el titular del juzgado de instrucción número 1 de La Seu d'Urgell (Lleida), que este viernes ha interrogado a los padres sobre el contenido de estas fotografías, ha acordado mantener todas las medidas cautelares adoptadas hasta el momento: el padre seguirá en prisión y la madre en libertad provisional y sólo podrá visitar los fines de semana a la niña, de 11 años, que está a cargo de una tía.

En un auto redactado tras la comparecencia de los padres, que han respondido a las preguntas de todas las partes, el juez ha acordado abrir un nuevo procedimiento en el que Fernando Blanco y Margarita Garau tienen la condición de investigados por los delitos de exhibicionismo, provocación sexual y explotación sexual.

El juez ha separado la investigación sobre la estafa de la de los supuestos delitos sexuales después de que los Mossos d'Esquadra localizaran en un lápiz de memoria intervenido a la pareja fotografías de carácter sexual en las que aparecía la menor, en algunas de ellas desnuda y, en otras, mientras sus padres mantenían relaciones sexuales.

Según el abogado de la familia, Alberto Martín, que todavía sigue defendiendo tanto al padre como a la madre, los acusados han alegado ante el juez que nunca han llevado a cabo ningún acto en perjuicio de su hija y que no se tomaron fotografías practicando sexo de forma que la niña lo pudiera ver.

También han esgrimido, según el abogado, que las instantáneas tienen un ámbito "familiar, personal y natural" y que algunas las tomaron para el control y seguimiento de una patología de la piel de su hija, afectada según su versión de una enfermedad rara.

"No hay nada de especial que tenga un criterio pornográfico, sexual o de explotación, absolutamente nada", ha insistido el abogado, que ha precisado que el juez ha mostrado a los padres entre una quincena o veintena de instantáneas tomadas entre los años 2008 y 2011.

El juez ha enviado las nuevas diligencias al decanato judicial para que lo reparta entre los dos juzgados de La Seu, por lo que la causa le podría recaer a él o al titular del juzgado de instrucción número 2 del municipio, según el TSJC.

Además, el magistrado ha aceptado la personación de la Generalitat en la causa abierta por la supuesta estafa, ya que la custodia de la menor está en manos de la Dirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia (DGAIA), que vela por sus intereses en el procedimiento.

Dos particulares que dieron dinero para el tratamiento de la menor y que se han sentido estafados, ante los indicios de que los padres destinaron estos fondos a fines particulares, también han pedido personarse, si bien el juez todavía no ha resuelto.

Tras la declaración de este viernes, de ambos investigados ante el juez, ni la fiscalía ni el abogado de la Generalitat, presente en el interrogatorio, han pedido medidas cautelares complementarias a las que dictó el pasado 9 de diciembre, cuando envió al padre a prisión, dejó en libertad a la madre y les retiró la custodia de la niña.

Después de que el padre declarara durante una hora ante el juez, y la madre durante una media hora, el abogado ha explicado a los periodistas que los acusados han insistido que las fotografías, que no recordaban hasta que las han visto en la sala, son de carácter "familiar" y se inscriben en el ámbito de la normalidad de una niña "muy juguetona, que hace payasadas, juega y adopta poses, como todos los niños".

El padre fue detenido el pasado 7 de diciembre huyendo de un control policial con una pistola de fogueo, 1.450 euros, relojes y dispositivos electrónicos de alta gama.

Según el abogado, en el interrogatorio únicamente han visionado las fotografías halladas en un 'pen drive', porque aún no ha llegado al juzgado el resultado del rastreo que el magistrado autorizó a los Mossos d'Esquadra de otros trece lápices de memoria, siete tarjetas de memoria y tres discos duros de la pareja, con el objetivo de localizar si había más fotos de contenido sexual, si borraron algunas o si las difundieron.

Alberto Martín ha sostenido que los padres no quieren que se les "demonice" ni se les "queme en la hoguera" por estas fotografías, ya que "tienen un afecto y un respeto enorme" para la niña, que nunca, ha insistido, les ha presenciado manteniendo relaciones sexuales.

"Ellos han actuado de buena fe. Fernando ya sabe que no tiene mucha credibilidad, que se le ha condenado en todas partes, pero en su opinión, en esta cuestión está siendo absolutamente sincero y no se le puede reprochar nada", ha señalado.

Además, el letrado ha indicado que todavía sigue defendiendo tanto al padre como a la madre, si bien están barajando la posibilidad, ya adelantada ayer, de separar su estrategia para que los argumentos de uno no lastren al otro y permitir que la madre pueda recuperar la custodia de la niña lo antes posible.