La Fiscalía de Guipúcoa va a incoar unas diligencias de investigación sobre los abusos sexuales del exvicario general de la provincia, Juan Kruz Mendizabal, condenado en un procedimiento eclesial por "tocamientos deshonestos" realizados a dos menores en los años 2001 y 2005.

Según han informado fuentes del Ministerio Público, la Fiscalía actuará de oficio para comprobar estos hechos y determinar si procede o no interponer una querella o iniciar algún tipo de acción penal por este asunto.

El Obispado de San Sebastián confirmó el martes la existencia de una condena eclesiástica sobre Mendizabal, a la que se llegó "tras haber sido probada la veracidad de las acusaciones" contra el sacerdote al que se le impusieron "diversas penas expiatorias" establecidas por el derecho canónico.

Las denuncias por estos casos llegaron al obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla, en marzo de 2016, cuando Mendizabal, conocido como "Kakux", desempeñaba el cargo de vicario general, del que fue destituido un mes después.

El Obispado decidió relatar el martes los hechos (cometidos en los años 2001 y 2005, cuando Mendizabal ejercía de sacerdote en una parroquia donostiarra), tras constatar que los afectados por los abusos habían decidido hacer público el caso.

En su denuncia, los afectados explican que los abusos sucedieron cuando Mendizabal ejercía como sacerdote de la parroquia donostiarra de San Vicente de la Parte Vieja de San Sebastián y era responsable del grupo juvenil de tiempo libre Xirimiri Gazte Taldea.

Los representantes de las víctimas precisan en su nota que las autoridades eclesiásticas les recomendaron "desde el principio" acudir a la justicia ordinaria para denunciar al sacerdote, aunque también les explicaron que existía la posibilidad de seguir un procedimiento "en el marco eclesial", a lo que los afectados accedieron "por voluntad propia" al pensar que "era un caso aislado y por llevar las cosas con el mayor sigilo posible".

Fuentes de la Fiscalía han aclarado que, en este tipo de delitos contra la libertad sexual, el juzgado no puede actuar de oficio sino que debe hacerlo a instancia de las víctimas o del Ministerio Público. Estas fuentes han precisado asimismo que el hecho de que las víctimas deseen mantener su anonimato, como se desprende del comunicado del Obispado, no impediría que eventualmente el fiscal presente una querella, en caso de que lo considerara oportuno.

Sobre la posibilidad de que los hechos que ahora se van a investigar se encuentren prescritos, las fuentes han indicado que se trata de una cuestión a "valorar", ya que hubo una reforma legal que determinó que, "cuando las víctimas son menores de edad, los plazos de prescripción no empiezan a correr hasta que alcanzan la mayoría de edad".

Por estos motivos, la Fiscalía tendrá que comprobar todos los datos, recabar información y, si es preciso, tomar las declaraciones que considere oportunas para, llegado el caso, en base al conjunto de pruebas que acopie, determinar si procede o no interponer una querella, han concretado las fuentes.