Bustinduy, acompañada por la también parlamentaria socialista Beatriz Rubiño, ha recordado que desde que se firmó la Constitución y comenzó la democracia, ha habido grandes avances en políticas de igualdad y bienestar social.

En ese sentido, ha añadido que las leyes más importantes "siempre han llevado la firma de un presidente socialista y la Ley de Dependencia la lleva". Así, se ha referido a la "apuesta decidida" de la Junta de Andalucía por las políticas sociales, con ocho de cada diez euros invertidos en esta materia, según ha informado.

"La Junta de Andalucía ha desarrollado y consolidado la atención a las personas en situación de dependencia en Andalucía poniendo sobre la mesa 1.550 millones de euros en la provincia de Málaga para el sostenimiento del sistema, más de 10.000 millones en toda la Comunidad Autónoma", ha afirmado al respecto en rueda de prensa, detallando que en estos diez años se han atendido en Málaga a 59.200 personas con 77.400 prestaciones, de un total de 371.600 personas con 488.300 prestaciones en toda Andalucía.

"Si Andalucía hubiera hecho un esfuerzo menor como ha pasado en Madrid o Cataluña, habríamos dejado de atender a atender 82.200 personas en Andalucía, 13.100 en la provincia de Málaga", ha precisado.

De ese modo, desde el PSOE han señalado que Andalucía ha estado liderando la aplicación de la Ley de Dependencia, actualmente con 185.000 personas atendidas y 239.000 prestaciones, representando, han expresado, el 23 por ciento del conjunto de España.

En la provincia de Málaga actualmente existen 28.892 personas beneficiarias con 37.343 prestaciones, mientras que la inversión en atención a la dependencia crece actualmente al 2,5 por ciento anual. Así, según han informado desde el PSOE, el Gobierno regional es el que financia más del 78 por ciento del sistema de atención a la dependencia, mientras que el estado lo hace en menos de un 22 por ciento "a pesar de que la Ley marcaba el compromiso de financiación del 50 por ciento entre ambas administraciones".

"Andalucía ha cargado a sus espaldas la financiación de esta ley y sigue adelante porque es una prioridad absoluta de Susana Díaz", ha apostillado al respecto.

Sobre los recortes estatales a la financiación de esta Ley, Bustinduy ha comunicado que, de 2012 a 2016, el Gobierno de España ha recortado 508 millones de euros en la financiación para las personas en situación de dependencia en Andalucía.

A este importe, ha señalado, hay que sumarle más diez millones de euros "que Andalucía ha dejado de percibir por el pago de la teleasistencia avanzada para las más de 20.000 personas en situación de dependencia moderada". Por ello, ha lamentado que con la deuda total se podrían haber atendido a 105.000 personas.

En este sentido, ha informado de que en el conjunto de España los recortes han supuesto "la pérdida" de 2.800 millones de euros para la financiación de la atención a la dependencia. Otros recortes han sido la eliminación la cotización a la seguridad social de las personas cuidadoras en el entorno familiar, que en España afectó a 150.000 cuidadoras y en Andalucía a 55.000.

Además, ha señalado que se "han endurecido los requisitos para las personas cuidadoras y se ha retrasado del calendario de implantación de la Ley, hasta en dos ocasiones".

"El PP ha reducido un 15 por ciento la cuantía de la prestación para cuidado en el entorno familiar, lo que ha obligado a la Junta de Andalucía invertir anualmente 2,6 millones de euros para amortiguar esa reducción del 15 por ciento al 13,2 por ciento, una situación que no ayuda cuando, desde 2011, se ha eliminado la financiación acordada para las Comunidades Autónomas en 283 millones de euros", ha aseverado Bustinduy, criticando la reducción en más del 13 por ciento del nivel mínimo por persona beneficiaria que recibían las Comunidades Autónomas.

45.000 PUESTOS GENERADOS EN ANDALUCÍA

Por su parte, la parlamentaria socialista Beatriz Rubiño ha destacado "la década de logros y aciertos" en la aplicación de la Ley de Dependencia y en su capacidad para generar empleo "con más de 45.000 los puestos generados en Andalucía y más de 18.000 empleos creados por el Servicio de Ayuda a Domicilio".

"El desarrollo de la Ley de Dependencia ha conllevado, además de prestación de servicios, una repercusión directa en la creación de empleo que tiene la particularidad de ser estable y no deslocalizable, en la provincia de Málaga son 7.000 empleos, 2.460 empleos en el Servicio de Ayuda a Domicilio, en su mayoría mujeres", ha detallado.

Al respecto, ha añadido que la Ley de Dependencia es una ley que fomenta la igualdad, defendiendo el consenso institucional y profesional en la aplicación de la ley, sobre todo en el ámbito rural.

Para la parlamentaria socialista, este diálogo con representantes del sector y con el objetivo de optimizar los recursos públicos disponibles ha generado "una dinámica positiva que ha dinamizado el sector dando calidad a los mismos y garantizando su sostenibilidad". En esa línea, ha expresado el papel destacado que han tenido las entidades locales, que han gestionado 5.000 millones de euros en estos diez años.

En 2016, más de la mitad -el 53,8 por ciento- del presupuesto que gestionaron iba a la atención a la dependencia, ha ido a ayuda a domicilio, estancia diurna, atención residencial y refuerzos dependencia.

"Hay que destacar en esta colaboración que la Junta de Andalucía es la única comunidad autónoma que financia completamente el refuerzo de profesionales, y el servicio de ayuda a domicilio, para lo que ha invertido 2.500 millones de euros, transferidos directamente a las corporaciones locales desde el inicio de la ley en Andalucía, 314 millones para los municipios de la provincia de Málaga", ha expresado.

Asimismo, ha recordado que entre los retos actuales a los que debe hacer frente la Ley es la incorporación de los pacientes de Grado I. "El Gobierno socialista de Susana Díaz ha aprobado durante 2016 el I Plan de Prevención de la Dependencia y la Promoción de la Autonomía Personal 2016-2020, que prevé una inversión de 1.765 millones de euros.

Sobre ello, ha comunicado que avanzan en su desarrollo, con acciones dirigidas a grupos de población específicos como personas mayores, personas con discapacidad y personas en situación de dependencia. Además, ha señalado que ponen "especial atención en las cuidadoras".

PACTO DE ESTADO

En paralelo, los socialistas han impulsado un Pacto de Estado en Defensa del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia, propuesto al Gobierno de España para garantizar el futuro.

El mismo, han informado, se articula en torno a ocho ejes: financiación garantizada y suficiente; impulso de servicios de calidad profesionalizados; responsabilidad pública y proximidad; un baremo más idóneo; simplificar y agilizar el procedimiento; impulsar la efectiva coordinación de los servicios sociales y sanitarios; transparencia y participación y garantías democráticas; y estabilidad normativa.

"Estamos ante una Ley de Dependencia que ha ofrecido mucho en esta década y que tiene mucho que ofrecer en los próximos años siempre de mano de gobiernos socialistas y a pesar de los recortes del PP", ha concluido Rubiño.