El ámbito local y las entidades del tercer sector han presentado este jueves una declaración institucional para dar respuesta a las familias más vulnerables que sufren de pobreza energética y han exigido a las empresas suministradoras que garanticen el acceso a los servicios básicos.

Ha sido en el marco del I Congreso de Pobreza Energética, que este jueves y viernes tiene lugar en Fira Sabadell (Barcelona), y que ha contado con la presencia de la presidenta de la Diputación de Barcelona, Mercè Conesa; las alcaldesas de Barcelona, Ada Colau, y Badalona, Dolors Sabater; el alcalde de Sabadell, Juli Fernàndez; el presidente de la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social a Catalunya, Oriol Illa, y la presidenta de Ecoserveis, Marta García.

Se ha pedido una reforma del bono social --tarifa subvencionada que se aplica a los consumidores con bajos ingresos--, que el Tribunal Supremo ha tumbado y obligado a indemnizar a las eléctricas, algo que Illa ha cuantificado en 190 millones de euros que suponen "un 2% de los beneficios de Endesa, Iberdrola y Gas Natural" y ha criticado que entre 2009-2015 la factura de la luz se ha encarecido un 73% de media en España, cuando en la zona euro la subida ha sido del 33%.

Colau ha pedido ir al máximo con la aplicación de la Ley 24/2015 y ha reprobado que las compañías sigan "especulando y traficando con servicios de necesidad", remarcando que se continúe legislando para favorecer a un oligopolio.

Conesa ha recordado que en el último año se han incrementado en un 73% las ayudas que han dado los ayuntamientos para atender la demanda en este ámbito y ha admitido que no es la solución; en este sentido, la alcaldesa barcelonesa ha dicho que es una situación de "temporalidad, que se espera dure lo menos posible".

Los diferentes alcaldes han defendido que desde su ámbito pueden responder con sanciones y las cláusulas de contratación con las empresas, pero han subrayado la importancia de hacerlo conjuntamente; asimismo, Colau ha apuntado hacia un cambio del modelo energético.

La declaración institucional presentada consta de ocho exigencias que buscan "la máxima implicación de todas las administraciones catalanas, las entidades y los colectivos sociales" para actuar preventivamente contra la pobreza energética, un escrito que ha suscrito el Govern, tal como ha señalado el secretario de Asuntos Sociales y Familias, Cesc Iglesias.