A preguntas de los medios en una rueda de prensa, el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha señalado que hay "que investigarlo todo" y trabajar con el Ayuntamiento para tener conocimiento "exacto" de qué manera los propietarios del terreno permitieron que se acumulara amianto.

"Esto no es una competencia del Gobierno regional, pero el Gobierno regional estará atento para que los ciudadanos de la región no tengan que pagar por aquel problema ambiental que no han generado", ha señalado.

En este sentido, el consejero ha recordado el estudio llevado a cabo por parte de la comisión técnica sobre la retirada del amianto -formada por la Junta, la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) y el Ayuntamiento de Toledo- que señalaba como decisión "más adecuada" en encapsulamiento del amianto.

"Evidentemente si no hacen el encapsulado o no retiran el amianto, nosotros impondremos las multas coercitivas a los propietarios de los terrenos afectados para que lo hagan", ha insistido Martínez Arroyo, que ha agregado que los particulares tienen tres meses para dar una solución al problema, a contar desde el pasado mes de septiembre.

Según han indicado fuentes de la Consejería, los propietarios de las parcelas afectadas son Gicaman, que ya retiró el amianto; la CHT, que está trabajando en ello; y siete particulares a los que se les ha enviado una carta y se les ha abierto expediente. De los particulares, cinco han sido identificados, a otro no se le localiza; y el último ha sido identificado por el Ayuntamiento, que ha constatado, de otra parte, que llevaba sin pagar el IBI años.